El relator especial para Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, pidió este miércoles al gobierno de Venezuela levantar la prohibición a las reuniones públicas en localidades bajo un estado de excepción, al expresar preocupación por su efecto en las elecciones de diciembre.
«Vemos con preocupación que en esos estados, en medio de una campaña electoral, también se incluya la restricción de manifestaciones políticas públicas y actos públicos», dijo el funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a periodistas.
Según el experto, la prohibición de las manifestaciones en los 24 municipios bajo estado de excepción «afecta la libertad de expresión» de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, y pidió a las autoridades venezolanas levantarlas.
«Recomendamos que eso se levante porque no tiene ningún sentido y es totalmente desproporcional», apuntó Lanza, llamando a las autoridades venezolanas a «no limitar la libertad de expresión aún en este marco» de medidas restrictivas.
Los municipios bajo estado de excepción ocupan nueve de las 87 circunscripciones electorales y otorgan nueve de los 167 escaños en la monocameral Asamblea Nacional.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro decretó el estado de excepción y los cierres fronterizos en cuatro municipios vecinos con Colombia tras un contra una patrulla militar en la ciudad de San Antonio del Táchira, el 19 de agosto, que dejó cuatro heridos. Las autoridades lo atribuyeron a paramilitares colombianos vinculados al narcotráfico y el contrabando, especialmente de gasolina.
Desde entonces Maduro ha prorrogado y ampliado el estado de excepción hasta un total de 24 municipios, la última vez este martes en la localidad amazónica de Ature (frontera sur con Colombia).
Esas medidas incluyeron el cierre de varios pasos entre ambos países y determinan la prohibición del porte de armas y permiten la posibilidad de hacer allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial.
También se prohíben las reuniones públicas o las protestas que no hayan sido previamente autorizadas.
Esto preocupa porque se está a dos semanas del inicio formal de la campaña electoral para las elecciones, en las que el partido oficialista podría perder por primera vez la mayoría del Parlamento, según encuestas.
«En una campaña electoral una de las bases de la difusión de ideas políticas y de la propaganda política legítima es la posibilidad de hacer uso de la libertad de expresión a través de las manifestaciones y diferentes actos», dijo Lanza.
