La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles sobre el efecto negativo del estado de excepción en una veintena de municipios en la campaña para las elecciones de diciembre en Venezuela, y pidió levantar la prohibición a las manifestaciones públicas.
El organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) también expresó preocupación por las denuncias sobre supuestas pruebas falsas en la condena del opositor Leopoldo López.
El estado de excepción «no es una especie de cheque en blanco», señaló el comisionado Felipe González, citando una «historia en Latinoamérica de problemas» generados por medidas que restringen los derechos en el contexto de elecciones. «Parece importante que se garantice que haya elecciones lo más transparentes posible y que no hayan restricciones al ejercicio de los derechos de las personas», dijo González en una rueda de prensa.
El estado de excepción decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en 24 municipios fronterizos con Colombia, ordena restricciones a la movilización y aglomeración de personas, a seis semanas de unos cruciales comicios legislativos.
«Vemos con preocupación que en esos estados, en medio de una campaña electoral, también se incluya la restricción de manifestaciones políticas públicas y actos públicos», dijo el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.
Lesiona a mas de dos millones de personas
Caracas, 28 de octubre.- El diputado Miguel Ángel Rodríguez, expresó su rechazo ante la prórroga del estado de excepción en varios municipios de Táchira y su extensión a un municipio de Amazonas.
«El gobierno nacional lesiona a más de dos millones de personas que residen entre el estado Táchira y el Norte de Santander, al establecer en nuestra frontera el teatro de operaciones de una guerra ficticia. Si hay mafias de contrabando en todo el país, si el narcotráfico se inoculó en Venezuela y si el desabastecimiento y el galope de la delincuencia desquician electoralmente a la revolución, no pueden pagar los platos rotos nuestros pobladores fronterizos a los que se les suspenden garantías con los estados de excepción y se les está condenando a la ruina», aseveró.
Agregó que la coartada de la guerra económica para intentar lavarse las manos en la ruina del país ha causado pérdidas superiores a los 200 millones de dólares sólo en la frontera tachirense y está sentenciando a la quiebra antes de fin de año al 50 por ciento de los negocios pequeños y medianos dedicados por tradición a la actividad de aduana, textiles, plástico, arcilla y comercio inter fronterizo en general.
