La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que se basa en la “certeza del derecho”, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.
La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de «seguridad jurídica» al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.
La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al ciudadano por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la “certeza del derecho” que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.
En resumen, la seguridad jurídica es la “certeza del derecho” que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Fuente: Wikipedia.
Supongo que, ante las declaraciones del fiscal acusador del juicio que condenó a Leopoldo López, se debe aclarar, inmediatamente, la verdad sobre el origen de las acusaciones hechas por el referido fiscal; y de las realizadas en otros juicios, presuntamente ilegales; y de ser cierto cuanto ha declarado, se determine las responsabilidades de los actores intelectuales y proceder a la rectificación y a la reparación de los daños ocasionados.
La violación a las leyes hace que el orden legal sea incapaz de sostenerse; la manipulación de la justicia impide la interrelación social, haciendo que las autoridades carezcan de legitimidad democrática y de falta rendición de cuentas.
Es manifiesta la debilidad económica, política y social. Se tiene que evitar a toda costa la defensa del “derecho de policía” o la aplicación del terrorismo judicial, a fin de impedir la multiplicación de la corrupción y de la delincuencia; que son evidentes en el país.
No sólo se impone el dominio a través de la fuerza de las armas, existe infinidad de tipos de violencia, las cuales, generalmente, son impuestas a medida que se pierde el liderazgo en la conducción de una nación.
“Los derechos cuando no se ejercen… no existen.”
Desde que se crearon las llamadas “Normas de Fe”, el Estamento Legal ejercido a través de la “Justicia Honesta” ha establecido la seguridad jurídica como la base donde se cimienta toda sociedad y el desarrollo que conlleva a una mayor, y mejor calidad de vida. Representan el camino de la paz y la paz es el camino que une a una nación, la fortalece y construye su futuro con mística y prospera evolución.
Ante la realidad debemos actuar; es obligatorio convencer a los indecisos y prepararnos para el 6 de diciembre apoyar, colaborar y defender nuestros principios y valores utilizando la mejor herramienta de la democracia… ¡EL VOTO!