Ante la confesión del fiscal Franklin Nieves, quien reconoció que manipuló las pruebas en el caso de Leopoldo López, se pronunció la Asociación Civil Fuerza, Unión Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz).
Andrés Colmenárez, vicepresidente de la institución, indicó que a propósito de la confesión de Nieves y su posterior fuga, se evidencia una vez más el uso de la justicia como arma de persecución política.
“Para nadie es un secreto que el Ministerio Público, en este caso los funcionarios que están bajo la responsabilidad de la fiscal Luisa Ortega Díaz, sentencian a todas aquellas personas que se enfrentan a la justicia en el contexto de la protesta política y ciudadana”.
Nieves admitió que acusó a López con pruebas falsas, que todo el proceso penal fue un montaje y que había sido presionado por sus superiores. Huyó del país porque su conciencia no lo dejaba dormir por haber actuado contra personas inocentes.
A Colmenárez no le sorprende la postura de Nieves. Desde el año 2013 Funpaz mantiene contacto con algunos funcionarios del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Tribunales, quienes, bajo testimonio anónimo, aseguran que las decisiones son resueltas en las altas esferas del Poder.
Recordó que en Venezuela existen varios antecedentes. Esta el caso del exfiscal Hernando Contreras, quien también huyó del país por emitir graves señalamientos en contra del exfiscal general de la República (Isaías Rodríguez) por el asesinato de Danilo Anderson. Por otra parte, están los dos exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Velázquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte, quienes tras huir del país ofrecieron declaraciones comprometedoras acerca de cómo la justicia se maneja desde la cúpula de los partidos político.
“Al tener comunicación directa con algunos fiscales del MP, quienes actúan como la parte acusadora de los jóvenes detenidos con motivo de las protestas de 2014, logramos conocer de manera personal y anónima que no toman decisiones acerca del sobreseimiento de algunos casos o hacen dilación de la parte penal para mantener en vilo a la sociedad civil y en consecuencia, lograr que no proteste”.
Lara
En Lara, dijo, todavía permanece bajo régimen de casa por cárcel la señora María Elena Uzcátegui, sin haber ido ni siquiera a la fase de juicio. Igualmente, más de 250 jóvenes han tenido que acogerse a medidas cautelares, como la suspensión condicional del proceso porque los propios fiscales del MP les dicen que acepten las responsabilidades y negocien las penas para que los “jefes de arriba”, tal y como los nombran ellos, queden satisfechos.
Mencionó que Jimmy Torres (53), sargento de la Fuerza Armada Nacional retirado desde 1998, preso en Ramo Verde por tomar unas fotografías durante una protesta, tuvo que negociar con los fiscales de la justicia militar.
“Aceptó los delitos que se le imputaron y que no cometió por una pena mínima de cinco años y tres meses, intentando buscar luego de un año del cumplimiento de la sentencia, una medida cautelar a su favor. Transcurrió año y medio y Torres sigue detenido”.
