Desde siempre una de los procesos fundamentales que ha enfrentado el ser humano, individual y organizadamente, está relacionado con la toma de decisiones. Antes de la aparición de la Ciencia, la Filosofía abordaba el tema desde la perspectiva del debate entre la racionalidad y la irracionalidad. La impronta del instrumentalismo y la experimentabilidad dejaba poco espacio para que las primeras disciplinas que dieron origen al espectro de las Ciencias Sociales, incluyeran en sus estudios aspectos relativos a las emociones, sentimientos, intuiciones y, ni hablar de las “bajas pasiones”, reivindicadas después por el médico vienés Sigmund Freud.
Acerca de la irracionalidad del pensamiento económico racional, se consigue una vasta producción literaria asociada a la teoría de la elección, demostrativa por lo demás de la incongruencia presente en la idea del utilitarismo, sus prejuicios y bloqueos, con las consecuencias negativas que en más de una ocasión se acarrea a la sociedad.
Igual ocurre en el ámbito de la gerencia o gestión, pública o privada. A cualquier escala. Es larga la lista de decisiones irracionales que hoy observamos. La evaluación de las opciones, al margen del pensamiento estratégico, para proyectar escenarios, no es muy usual en el liderazgo de hoy.
En el campo de la elección pública, aspecto que toca a las decisiones desde las perspectiva de la Ciencia Política, se mantiene en gran medida los supuestos del individualismo metodológico y de las premisas económicas para definir plataformas de conflicto y acciones de lucha gremial en demanda de derechos justos y legítimos, pero muchas veces sin incorporar variables del entorno que pudiesen incidir en la dinámica y el futuro de las instituciones.
El caso del conflicto universitario, con toda la complejidad del caso, es ilustrativo. Por supuesto con todas las especificidades que acompañan la trayectoria bajo el cual se ha librado, al parecer sin que haya mediado un acercamiento a las experiencias anteriores, por lo menos para evitar transitar por los mismos errores o, al menos, minimizarlos.
Una condición que siempre pesó en los conflictos anteriores fue el caso del Postgrado y de la Investigación del área de Postgrado en las Universidades. Nos tocó participar en ese debate. Por supuesto, no exento de las posturas fundamentalistas que planteaban la paralización total de las actividades. En aquel momento, los argumentos giraron alrededor de: 1. El peso específico de este sector dentro de las casa de estudio. 2. La condición de este tipo de estudiante (pagan matrícula, gozan de permiso limitado para cursar este tipo de estudio, disfrutan de becas, no utilizan transporte, no utilizan comedor, en general). 3. Generan ingresos a la universidad.
En el caso de la Investigación, básicamente se mantuvo el mismo criterio; además, de la importancia de mantener, por ejemplo, los experimentos en los bioterios y otros experimentos similares.
La actual dirigencia universitaria, en nuestra opinión, debería revisar su estrategia. Hay un sector considerable de la comunidad que ya comienza a preocuparse por el desgaste y el desacierto con el cual se ha manejado el conflicto. De cara a la realidad actual, incluido el dato de un presupuesto calculado a 40 dólares el barril petrolero, la experiencia de fomento y postgrado debe ser revisada para revertir las decisiones “irracionales”.