Los militares del Frente Institucional Militar (FIM) emitieron una comunicación a los secretarios generales de la ONU y la OEA, y a los miembros del Parlamento de la Unión Europea, en la que piden que declaren “bajo sospecha” el rechazo del gobierno venezolano a permitir que sean observadores internacionales en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
“Vemos con gran preocupación el uso ventajista de las instituciones públicas para tratar de desviar los resultados de las elecciones parlamentarias que se llevaran a cabo el próximo 6 de Diciembre por parte del régimen del Sr. Nicolas Maduro, quien el pasado día 12 de octubre, en alocución publica por radio y TV, amenazó con “Ganaremos las elecciones como sea” significando con ello su pretensión de desconocer el deseo manifiesto de cambio, mayoritariamente expresado en todas las encuestas de opinión públicas, las cuales favorecen a la oposición democrática con un 87%”, establece el documento del FMI.
La solicitud del FMI es en respuesta a las diversas peticiones de los representantes internacionales de ser garantes del proceso electoral.
“El Frente Institucional Militar, FIM, se dirige respetuosamente a los secretarios generales de la ONU y de la OEA y a los miembros del parlamento Europeo, con el objeto de solicitarles declarar “Bajo sospecha” como medida innominada, a partir de la fecha de dicha resolución hasta la culminación de ese proceso electoral, la reiterada negativa del régimen venezolano de no permitir la observación internacional en las próximas elecciones parlamentarias, motivo por el cual se les solicita declararse en sesión permanente y/o en estado de observación ante los acontecimientos que pudieran conducir hacia un fraude masivo en los comicios parlamentarias por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el gobierno de Nicolás Maduro, con las graves consecuencias que ello ocasionaría al pueblo venezolano y a la democracia”, aseguran los efectivos castrenses.
También realizan señalamientos y denuncias que a su entender “afectan la democracia y la transparencia electoral” para las elecciones del 6 de diciembre y destacan:
Secuestro de los poderes públicos por parte del régimen y la utilización de la justicia para perseguir opositores.
Detención, acusación y condena ilegal y viciadade nulidad de opositores civiles y militares (Leopoldo López, General de División (Av) Oswaldo Hernández Sánchez, Coronel (Ej) José Gregorio Delgado, Teniente Coronel (GN) Ruperto Chiquinquirá Sánchez, Mayores (GN) Cesar Orta Santamaría y Víctor José Ascanio, los Capitanes (Av) Andrés Thompson Martínez, Neri Adolfo Córdoba y Laired Salazar, y el Capitán (GN) Juan Carlos Nieto Quintero y muchos otros).
Destitución, detención y juicio inconstitucional e ilegal a funcionarios de elección popular como Diputados y Alcaldes (María Corina Machado, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y José Ramón López).
Hegemonía comunicacional y censura a la libertad de expresión. El régimen controla para su propaganda electoral más de 75% de los medios radiales y audiovisuales (TV).
Inhabilitaciones de destacados dirigentes políticos opositores para su participación como candidatos a diputados a la AN.(María Corina Machado, Daniel Ceballos, Enzo Scarano, Carlos Vecchio, etc);
Violación sistemática de los derechos humanos.
Estado generalizado de corrupción en la función pública.
Violencia extrema originada por la prédica del odio y el resentimiento como política de estado mantenida por el régimen durante años, sin mostrar un atisbo de querer cambiar o detenerla.
La parcialidad con el proyecto político que gobierna, expresada púbicamente en los medios de comunicación social y en las propias instalaciones militares por el actual Ministro de la Defensa y otros altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, lo cual los descalifica para ser garantes de la transparencia e imparcialidad del proceso electoral del venidero 6 de diciembre.
El desabastecimiento y la escasez de productos básicos alimentarios, los cuales conllevan largas colas, hambre y desolación y la incontenible inflación que ya se ubica entre las más altas del mundo.
Cierre de la frontera y establecimiento por decreto de un Estado de Excepción, con suspensión de algunas garantías constitucionales en 23 Municipios fronterizos con Colombia, los cuales evidentemente perturbaran el libre proceso de elecciones parlamentarias en esas áreas.
