El decreto Nº 8.895, contemplado en la Gaceta Oficial 39.896 acerca de la Áreas Vitales de Vivienda y Residencia (Avivir), destinadas a la construcción de casas, mantiene en vilo a los miembros de la Red de Instituciones Larenses, quienes observan con preocupación la medida, la cual afecta el casco histórico de la ciudad y sus alrededores.
Yuyita de Chiossone indicó en una visita a EL IMPULSO, que los propietarios e inquilinos se reunirán con sus asesores jurídicos a fin de unificar criterios y ejercerlos individualmente.
De concretarse este decreto colapsarían los servicios; significa perder la calidad de vida, empeoraría la situación en el centro de la ciudad, se congestionaría mucho más el tránsito, habría muchos más problemas para estacionar.
Se generaría un caos en los pocos centros de salud que existen en la zona y sin duda colapsarían las instituciones educativas, las cuales ya están bastante comprometidas. Será peor el remedio que la enfermedad, asegura de Chiossone.
Señaló que la iniciativa de repoblar el centro de la ciudad debe ser consultada en las comunidades, a objeto de garantizar todos los servicios.
Mencionó que el centro de la ciudad, después de las 5:00 de la tarde, se convierte en una ciudad fantasma, lo cual debe ser evaluado por las autoridades.
“No han evaluado la densidad poblacional. Deben reconocer que la necesidad por los servicios se multiplicará, principalmente la salud y la educación. Los planteles de la zona están absolutamente copados en su capacidad, sin mencionar que enfrentan problemas de infraestructura y recursos”.
A propósito, representantes de la red consignaron un documento ante el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, donde señalan que conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica de Contraloría Social, las instancias del Poder Público y los ciudadanos garantizan que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad.
Si bien, ha sido un criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que la finalidad del derecho urbanístico sea la satisfacción y mejoramiento del bien social, con el objeto de evitar el desorden de una sociedad, así como la destrucción colectivista del ambiente, es preciso ejercer la contraloría social en los proyectos habitacionales señalados en el decreto Avivir.
En ese sentido, la Red de Instituciones Larenses hace una serie de peticiones: las consultas y proyectos que justificaron la declaratoria de la disposición, el material físico y digital de la información técnica de las obras a ser ejecutadas, certificación de suficiencia de servicios públicos, disponibilidad presupuestaria aprobada para 2015 y estimada para el ejercicio 2016, cronograma físico y financiero de ejecución de cada una de las obras a ser construidas, información de los otros proyectos habitacionales desarrollados en la zona, cifra oficial de déficit habitacional del estado Lara, protección del Patrimonio Cultural, medidas que garanticen el disfrute de los servicios, entre otros.
