Con fines a lograr que el Estado venezolano repare a las familias de las víctimas, el Ministerio Público propuso al Tribunal Supremo de Justicia establecer la situación jurídica de fallecidos para las personas desaparecidas por razones políticos entre los años de 1958 y 1998.
En su condición de presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la fiscal Luisa Ortega Díaz expuso sus argumentos ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
A su salida de la audiencia, explicó que han solicitado una interpretación del contexto legal, ya que por un lado la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y demás Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período de 1958 a 1998, faculta a la Comisión para declarar a quienes han sido víctimas como personas muertas-desaparecidas, «y en consecuencia puede inmediatamente reclamar todas sus reivindicaciones”.
Sin embargo, la aplicación de este mecanismo se ve bloqueada al entrar en conflicto con el artículo 421 del Código Civil que señala que «para declarar una persona ausente tiene que ser a través de un procedimiento que se sigue ante un tribunal civil».
Ortega precisó que solicitó al TSJ aclarar la «confusión jurídica», para que la Comisión que preside pueda «publicar el listado oficial de fallecidos y desaparecidos por razones políticas, a fin de que sus deudos puedan acceder a las reparaciones que ofrece el Estado venezolano».
No hay detenidos
Por otro lado, la fiscal general de la Repúblico informó que hasta el momento no hay personas detenidos en relación con la investigación sobre presuntos hechos de «saboteo» que según el ministro de Energía Eléctrica habrían provocado los recientes cortes de ese servicio en el estado Táchira.
«Estamos haciendo las investigaciones, las experticias. Nuestros propios expertos, técnicos son los que se trasladaron hasta el estado Táchira para realizar ese trabajo», dijo.
