El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC concluyeron este jueves el ciclo 42 de negociaciones en La Habana, con fuertes disputas sobre los alcances del pacto suscrito entre el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder rebelde para sellar la paz a principios de 2016.
«Este proceso, que hoy transita su etapa más decisiva, debe alejar toda veleidad de desconfianza al honrar el compromiso de la palabra empeñada», dijo el jefe negociador de la guerrilla comunista, Iván Márquez, al referirse al acuerdo sobre justicia, firmado el 23 de septiembre en La Habana, en presencia de Santos y del máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, «Timochenko».
«Cumplió la Comisión de Juristas, cumplimos nosotros, seguimos a la espera de que lo firmado sea aceptado sin reticencias», añadió Márquez, apelando «a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y al valor de la verdad».
La respuesta del gobierno colombiano fue enérgica: «La delegación del gobierno rechaza los términos de la declaración leída hoy por Iván Márquez, en la cual sostiene que el gobierno ha faltado a la palabra empeñada», dijo su jefe negociador, Humberto de La Calle.
«Son las FARC las que faltan a la verdad», agregó De la Calle, subrayando que «hubo un acuerdo plasmado en diez puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable».
El texto completo del acuerdo sobre justicia -tema más espinoso del proceso de paz que comenzó en La Habana en noviembre de 2012-, contiene 75 puntos que no han sido publicados, y solo se dio a conocer el 23 de septiembre una nota informativa de 10 puntos.
Ambas partes se comprometieron ese día a firmar la paz antes del 23 de marzo de 2016. Las FARC comenzarán a desarmarse 60 días después de la firma del acuerdo para convertirse en movimiento político.
Manzana de la discordia
El acuerdo contempla la creación de un tribunal especial, juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero amnistía para delitos políticos.
Al responder a la «arremetida verbal injustificada e inaceptable de las FARC», De la Calle mencionó algunos de «los puntos principales» de desencuentro.
«No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía», «el alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisadas», y «el tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto», explicó.
Agregó, que hay interpretaciones de la guerrilla «sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional», y «la elección de magistrados del Tribunal de Paz no ha sido acordada».
«El gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente el grupo de juristas para tratar todas estas serias preocupaciones. Las FARC se han negado», indicó.
Los abogados del gobierno son los colombianos José Manuel Cepeda y Juan Carlos Henao, y el estadounidense Doug Cassel; y los de las FARC los colombianos Álvaro Leyva y Diego Martínez, y el español Enrique Santiago.
Las diferencias sobre el pacto afloraron el 29 de septiembre, seis días después de su firma, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) señalaron que se trataba de un acuerdo «cerrado», a lo que el gobierno respondió que era un «documento en construcción» y no acabado.
La disputa bajó de tono el 4 de octubre cuando la guerrilla admitió que el acuerdo necesitaba «desarrollos» en algunos temas, pero volvieron a surgir con fuerza este jueves.
«El acuerdo (…) es inmodificable» pero «por supuesto que hay que hacerle unos desarrollos, por ejemplo, está el tema de amnistía, está la elección de los magistrados», dijo a la prensa el comandante Pastor Alape, uno de los negociadores de las FARC, mostrando una postura más conciliadora.
