En el amplio mundo de la actividad organizacional y de la gestión que ella supone, el destinado al trabajo voluntario ha tenido en los últimos años especial impulso. Cambia el mundo. Cambia la economía. Cambia la empresa. Y cambia también la manera en la cual las personas al organizarse, persiguen sus objetivos, dejando atrás las tradicionales o rígidas etiquetas para denominar la naturaleza de la actividad. A las de “público”, “privado”, se suman hoy las de “Tercer Sector”, o “Economía Social”, o el de “ONG´s”, para intentar categorizar la actuación de actores sociales que se articulan en redes de cooperación y solidaridad para participar en el espacio de lo público, y lograr el cumplimiento o ejercicio de derechos que, en muchos casos, el Estado, no es capaz ya de garantizar plenamente, o se resiste a ello.
Y el abanico es aquí variopinto en términos de áreas, objetivos y necesidades: educación, salud, agua, vivienda, deportes, ambiente, minorías, derechos humanos, religión, servicios públicos, protección al consumidor, participación política y un largo etc.
El voluntariado se nutre de la libre, espontánea y no coaccionada decisión de un ciudadano, sensibilizado, preocupado, víctima, urgido o con una necesidad determinada, de reunirse e incorporarse junto a otros ciudadanos en estos espacios colectivos, creando redes de cooperación, solidaridad, información e influencia, cuya resonancia y presencia en el debate público tiene en la web y redes sociales un espectro bien amplio de difusión.
La tradición del movimiento cooperativo en Lara es toda una referencia nacional e internacional. Prueba palpable de la confianza y el capital social como ingredientes complejos que hacen viable el éxito de iniciativas y procesos productivos complementarios a los tradicionales.
En los inicios del actual gobierno, abundó la retórica y la legislación sobre el apoyo a la participación y organización de las comunidades. Hubo varios “momentos” de dicho discurso: cooperativas, círculos bolivarianos, empresas de producción social, cogestión, hasta llegar a los llamados consejos comunales. Pero la real motivación que guiaba este apoyo, y que sin duda debilitaba su sostenibilidad, salió a relucir, al ser claro el interés oficial por controlar como clientela política dichos espacios de participación, perdiendo así su carácter autónomo, y al mismo tiempo, desnaturalizando su pertenencia al espacio de la sociedad civil, como acompañante y contrapeso de la acción estatal.
El trabajo voluntario, en su amplio campo de acción y motivación, requiere de un contexto institucional que es a fin de cuentas, expresión del carácter democrático de una sociedad.
Un gobierno que limita, persigue y estigmatiza a organizaciones voluntarias y ONG´s, refleja sin ambages su creciente y delirante obsesión por imponer autoritariamente su modelo de país. Aunque su fracaso salte a la vista.
@alexeiguerra
