Al estar cerca la fecha de las elecciones para designar las nuevas autoridades del Poder Legislativo en Venezuela y visualizarse un posible triunfo opositor, se exponen los argumentos que se desprenden del análisis del abogado experto en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, José Vicente Haro.
Menciona elementos jurídicos aplicables por el oficialismo en el contexto político actual, los cuales dificultarían el cumplimiento en el corto plazo de las medidas a tomar por la oposición de obtener una mayoría en la Asamblea Nacional.
-¿Cuáles pueden ser las posibles herramientas jurídicas a utilizar por el Gobierno desde la Asamblea Nacional para restarle fuerza a la oposición en caso de ganar el 6-D?
-La actual Asamblea Nacional (con mayoría oficialista) podría tomar decisiones entre las cuales está prevista en agenda política del Gobierno, la designación de magistrados del TSJ y en especial de la Sala Constitucional. Para ello, hay un tema que se debate a lo interno de la AN y del partido oficialista que es la reforma de la Ley Orgánica del TSJ para aumentar el número de magistrados, con miras a garantizar una mayoría de abogados vinculados con el Gobierno y así favorecer sus decisiones.
De ocurrir, esta situación se daría antes del 31 de diciembre, ya que las nuevas autoridades toman posesión el 5 de enero, de acuerdo a la Constitución. Lo planteado dificultaría el cumplimiento de la agenda política que la oposición está dando a conocer al electorado. Una de las aspiraciones que puede lograr mediante mayoría simple o calificada es sancionar la Ley de Amnistía para dar libertad a los presos políticos.
Este texto normativo tendría que remitirse al Poder Ejecutivo para su promulgación. “De conformidad con el artículo 214 de la Constitución, el Presidente podría devolver la Ley al Poder legislativo por no estar de acuerdo con ella o remitirla a la Sala Constitucional del TSJ para que declare inconstitucional esa ley y entonces anular la posibilidad de un proceso para ejecutar la amnistía y se liberen a los presos políticos”.
Sin argumentos constitucionales
En opinión de Haro, si el Gobierno rechaza la Ley de Amnistía, cuyos lineamientos están contemplados en la Constitución para que se desarrollen en la AN, sería un grave error en medio de esta crisis política venezolana, marcada por divisiones ideológicas y actuaría opuesto a la voluntad de un pueblo que eligió a sus representantes en la Asamblea Nacional.
Si ocurre al contrario, el Gobierno daría paso en Venezuela a la reconciliación nacional, que es el anhelo de todos, refirió. Justifica lo expresado en los antecedentes de la pasada elección parlamentaria. “Es de recordar que en diciembre del 2004 y en diciembre 2010 fueron nombrados nuevos magistrados en el TSJ para garantizar una mayoría oficialista en dicha institución. Tal acción obedeció a que el Gobierno perdió importantes cargos de representación”.
En aquel momento el voto mayoritario favoreció a la oposición, aunque por el tema de los circuitos electorales se impuso el PSUV. “Este mecanismo pudiera repetirse en un nuevo escenario políticoelectoral”. Recordó que en este momento, la mayoría del TSJ es de tendencia afecta al Gobierno. “Juan José Mendoza era diputado a la AN. Primero militó en el partido MVR, luego en el PSUV, pero un día renunció al partido y al día siguiente fue designado magistrado al TSJ”.
En el marco del panorama antes expuesto, otra desventaja que enfrentaría la Unidad sería si existe un resultado electoral cerrado, entre un candidato oficialista y otro opositor. Si se proclama al candidato afecto al Gobierno, teniendo el opositor razones para ser proclamado, se vería en la obligación de acudir a la Sala Electoral del TSJ donde rechazarían sus argumentos.
Escenario para un revocatorio
-En caso de ganar la mayoría de los diputados, ¿qué puede hacer la oposición para solicitar un referendo revocatorio al presidente Maduro?… ¿Podría hacerlo? -Si podría instrumentarlo pero la ruta no será fácil, tendrá que pasar por varias alcabalas desde el punto de vista político, por actuaciones del CNE, Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ.
Adicionalmente, sostiene Haro, el escenario para aplicar un referendo revocatorio, podría ser difícil para la oposición, aún al obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. “Se pudiera (inconstitucionalmente) a través de una eventual Ley Habilitante regular la figura del referendo revocatorio y establecer requisitos más difíciles de cumplir para activarlos o lograr una victoria por esta vía”, asegura Haro.
-Entonces, ¿es posible que la AN le apruebe otra habilitante a Maduro con plenos poderes antes de las elecciones del 6-D?
-Ya lo hizo en el año 2010 y no me extrañaría lo hiciera ahora con la justificación del tema fronterizo o por la supuesta guerra económica. Estas no serían excusas válidas ni lógicas, pero lamentablemente como han actuado en los últimos 15 años es probable que eso pase. Son más de siete leyes habilitantes otorgadas hasta ahora.
El abogado considera cuestionable la sanción de más leyes por vía Habilitante, cuando debería privar es el trabajo de los diputados en el diseño de estos instrumentos jurídicos en la Asamblea Nacional. Con este mecanismo se ha minimizado la representación de otros partidos (opositores) en el Hemiciclo y no participan en la redacción de estas leyes.
-En ese caso, ¿la nueva mayoría opositora en la Asamblea Nacional, electa el 6-D, puede dejar sin efecto una Ley Habilitante aprobada por los actuales oficialistas?
-Pudiera hacerlo si tuviera las tres quintas partes necesarias para una mayoría calificada, porque es parte del requisito de la Ley Habilitante. Si se dicta una Ley habilitante antes del 5 enero, la oposición pudiera derogarla, por supuesto, obteniendo esa mayoría.
-¿Por cuánto tiempo podría prolongarse una nueva Ley Habilitante?
-El Artículo 203 de la Constitución nacional no establece límites de tiempo para habilitantes y este gobierno ha contado con esta facultad por un periodo de hasta año y medio. La que aún está vigente ya está por vencerse y existen riesgos de una nueva habilitante porque ya lo ha manifestado el presidente en algunos discursos.
Para el experto constitucional todo apunta a que la percepción de la población sobre las leyes habilitantes se inclina hacia la idea de desvirtuar con ello la voluntad del pueblo o del electorado. “Es de recordar en el 2007, cuando se realizó el referendo los votantes, rechazaron la reforma constitucional, sin embargo, en agosto de 2008 se lanzó un paquete de leyes habilitantes de carácter socialista”.
Concluyó al señalar que la mayoría calificada en la AN no es garantía de un cambio político en Venezuela. “Sería un paso más en la lucha democrática y constitucional por la defensa de los valores democráticos, pero no es algo automático”.
