En la 71° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se está realizando en esta oportunidad en Carolina del Sur, Estado Unidos, los representantes de Venezuela entregaron un informe en el que se detalló los diversos hechos registrado en el último semestre que abarca de las demandas contra editores y medios de comunicación impresos, suspensión de programas de televisión hasta incumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte del Gobierno Nacional. Asdrúbal Aguiar, vicepresidente regional de la SIP pidió que se adopte una resolución declarando la manifiesta y final ruptura de la libertad de expresión y de prensa.
Aguiar relató que “ban cedido todos los elementos esenciales de la democracia y sus componentes fundamentales. La columna vertebral, el periodismo independiente y la fuerza modeladora de la opinión, se encuentra fracturada, imponiéndose un totalitarismo comunicacional de Estado”.
En el informe señaló que la ONG Espacio Público constató que los titulares del Estado venezolano son los autores del 40% de las violaciones principales a la libertad de expresión y prensa detectadas, a las que siguen las de los funcionarios policiales en un 21%. “En lo particular, es el Capitán Cabello quien ordena la persecución judicial y la prohibición de salida del país de 22 directivos del diario El Nacional, el Semanario Tal Cual, y el portal web La Patilla. Miguel Henrique Otero y Alberto Ravell, sus editores, se suman a la legión de los exilados políticos”, resaltó Aguiar, por la publicación de una información de un medio español.
En el documento que tendrán acceso todos los miembros de la SIP denuncian como El Gobierno ha ido estrangulando a los medios de comunicación, que en el caso de los impresos con la falta de papel que llevó a El Correo del Caroní a transformarse en un semanario después de circular como diario durante 37 años, situación que también ha afectado al diario El Impulso, El Carabobeño, El Nacional, El Regional del Zulia, entre otros.
Son 86 hechos que reseñaron por atentar contra la libertad de expresión, entre esos las detenciones que ejecutó el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) a periodista como el caso de Gerald Evans por tomar fotos a gente que abordaba en Plaza Venezuela el transporte alternativo, por la paralización del Metro de Caracas. El decomiso de materialgrabado por la periodista Medelein Palmar, luego de registrar en la población de El Diluvio, Estado Zulia, maquinarias agrícolas del gobierno abandonadas y el estado deplorable de sus pobladores.
Otros de los casos que se encuentra la larga lista es el del presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Estado Lara, Luis Vásquez Corro, quien fue recluido en el SEBIN, luego de declarar al diario El Impulso sobre la situación crítica actual de la represa hidroeléctrica El Guri; imputándosele el delito de difusión de informaciones falsas.
“El Instituto Prensa y Sociedad, ONG venezolana, en su último informe que nos ha hecho llegar, certifica la ocurrencia durante los siete primeros meses de 2015, de 287 violaciones del derecho a la libertad de expresión; que incluyen agresiones a periodistas, criminalización del trabajo de la prensa y limitaciones del acceso a la información, entre otras.
Destaca, al efecto, que dicha cifra es equivalente al mismo número y estructura de las violaciones ocurridas durante los 5 primeros semestres de 2012 y 2014, signados por elecciones presidenciales y manifestaciones civiles, confirmándose, así, su carácter estructural. De las violaciones ocurridas 237 afectan a medios privados, 14 a medios extranjeros, 11 a medios estatales, con una mayor concentración geográfica en Caracas”.
Apoyo a Venezuela
La vicepresidencia regional pidió que se condene el comportamiento de Nicolás Maduro Moros y del Capitán Diosdado Cabello, como primeros victimarios de la prensa libre y del ocultamiento de la información pública. Que exprese su solidaridad con los 89 presos políticos y de opinión que permanecen en las cárceles venezolanas, las 2.006 personas que por igual motivo se les mantiene bajo libertad condicional, y que en lo particular acompañe a los editores Miguel Henrique Otero, Alberto Ravell, y Teodoro Petkoff, y a los dirigentes democráticos criminalizados por su opinión: Leopoldo López, Antonio Ledezma, y María Corina Machado.
También solicitaron mantenerse atentos y respaldar activamente la observación internacional de sus elecciones parlamentarias por la OEA, la ONU, y la Unión Europea; como prevención para que el argumento de la suspensión de garantías y el progresivo cierre de las fronteras no sirva como excusa para la consumación de un atentado contra la voluntad soberana del pueblo venezolano y su opinión electoral.
Prensa limitada por Gobiernos de Izquierda Claudio Paolillo, presidente de la Comisión para la Libertad de Prensa e información de la SIP, dijo que ningún país de América está a salvo de esta corriente censuradora, ya que sus gobernantes “asumen una posición casi monárquica que es profundamente antidemocrática y antirrepublicana».
El periodista uruguayo, quien habló de la situación de la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas en cada país del continente, indicó que ese es precisamente el caso de gobiernos como el de Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, que se dedican a acallar a los medios críticos.
Dependencia de poderes
En la Sociedad Interamericana de Prensa también se denunció la violación de la Constitución y el Derecho internacional por parte del Tribunal Supremo tras no acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recién declara a Venezuela como responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos, pidiendo restablecer la señal y bienes que se le confiscaran a Radio Caracas Televisión (RCTV), a lo que la Sala Constitucional del TSJ declaró inejecutable el fallo por no estar obligado a renovar la concesión.
Asdrúbal Aguiar recordó que las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para Derechos Humanos se manifestó consternada por “la falta de independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo” frente a las denuncias de víctimas por tratos crueles y degradantes hacia distintos presos políticos venezolanos, por emitir opiniones contra el Gobierno y de su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, “constatando que el líder opositor Leopoldo López ha sido arbitrariamente encarcelado; ocurre, no obstante todo ello, la condena de éste a 13 años de prisión sin pruebas ni derecho a la defensa”.
