«El secuestro y ataque a Marino Alvarado y su hijo despierta más aun nuestra alerta sobre el acoso programado y sistemático contra organizaciones y defensores de derechos humanos» en Venezuela.
Así lo expresó este sábado la organización Foro Penal Venezolano, como reacción al asalto sufrido el jueves por el ex coordinador de Provea en su residencia.
Para la ong, el vínculo entre la acción contra Alvarado y el «acoso» oficial del que fue víctima el último año, acompañado de amenazas anónimas, se basa en que otros miembros de organizaciones de derechos humanos también han sido agredidos en parecidas circunstancias.
«Estos ataques a defensores de derechos humanos, que incluyen a ONG como Provea, Observatorio de la Conflictividad Social, Observatorio Venezolano de Prisiones, Control Ciudadano, Foro Penal Venezolano, se han incrementado notablemente este año, luego de la participación de estas ONG ante instancias de la ONU como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos», señaló la organización.
«No podemos establecer una relación directa, en estos momentos, entre el ataque a Marino Alvarado y el constante acoso público de Diosdado Cabello a este defensor de derechos humanos, ya que eso es función de la fiscalía. Sin embargo, debemos alertar nuevamente que este año, precisamente, otros defensores de derechos humanos han sido atacados en las calles en similares circunstancias luego de haber sido sistemáticamente referidos y acosados por Diosdado Cabello en su programa, especialmente diseñado para discriminar y dañar la reputación de las personas, e instigar al odio», acotó el comunicado.
Entre los activistas que se han convertido en víctimas figuran varios integrantes del Foro Penal. El jefe de prensa de esta organización, Horacio Giusti «fue atacado brutalmente con golpes en la cara por personas que le decían que debía callarse, luego de haberle dejado notas escritas intimidatorias en su casa».
En febrero de 2015 Alfredo Romero, director ejecutivo de la ong, fue bloqueado por otro vehículo y apuntado con un arma de fuego, a lo que el abogado respondió acelerando su vehículo para esquivar el ataque. El hecho ocurrió minutos después de que el presidente de la Asamblea Nacional se refiriera a él en su programa.
El suceso llevó a que Romero y otros tres abogados de los equipos regionales del FPV, también amenazados, solicitaran una medida de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue acordada pero no cumplida por el Estado venezolano.
Vale recordar, en años anteriores también han sido blanco del discurso gubernamental la activista Tamara Sujú, quien en 2014 se vió obligada a pedir asilo político en República Checa, y el abogado Gonzálo Himiob.
Actualmente «se encuentran otras solicitudes pendientes ante la CIDH por ataques contra Genis Navarro, Coordinador del Foro Penal en Mérida y Celia Dao, Coordinadora en Zulia», acotó el comunicado.
«Es de notar que a pesar de que estas agresiones han sido formalmente denunciadas ante la Fiscalía, no se ha producido investigación alguna», concluyó la ong.
