En Venezuela se niega sistemáticamente el acceso a la información pública, afirmó la organización no gubernamental Transparencia Venezuela.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Acceso a la Información la ONG acusó al Estado de promover y practicar una política de opacidad que facilita la corrupción.
“La opacidad se ha convertido en una política sistemática del Estado, que contrasta con la retórica oficialista en torno al principio constitucional de democracia participativa y protagónica”, explicó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Como ejemplo de la situación denunciada, la ONG recordó que desde diciembre del 2014 el Banco Central de Venezuela no publica las estadísticas económicas del país, y cuando esta omisión fue demandada ante el TSJ, este no quiso obligar al BCV a cumplir con su obligación constitucional.
Así mismo, Transparencia informó que en lo que va de 2015 han realizado 51 solicitudes formales de información a distintas dependencias del Gobierno, de las cuales solo una obtuvo respuesta en correspondencia con los parámetros de calidad de información que comprende que sea cierta, actual, precisa y completa, indicó la ONG.
Otras siete solicitudes fueron contestadas para señalar que la información no sería otorgada. Entre los casos que destacan se encuentra la Contraloría General de la República (CGR), que se ha negado a dar respuesta a 20 denuncias relacionadas con hechos de corrupción .
Espacios cerrados
No solamente promueve la corrupción al no poder ser objeto los funcionarios públicos de la contraloría ciudadana, de acuerdo con Espacio Público el cierre de fuentes oficiales también repercute en el derecho a la libertad de expresión.
En estudios realizados por la ONG, entre 2011 y 2014 se determinó que en al menos 84% de las ocasiones las instituciones no responden a las solicitudes de información que les son realizadas, indicaron.
En este sentido, Espacio exhortó al Estado a publicar información pública de forma «proactiva y regular, en especial la referente a temas de mayor sensibilidad nacional tales como estadísticas económicas, información sobre la situación de criminalidad, situación de medicinas y alimentos y servicios públicos básicos».
También, a que dicte una Ley nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se sancione a los funcionarios que se nieguen a ofrecer información de carácter público.
