La lista de presos políticos de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), incluye a 89 personas, 13 más que las 76 que contempla el Foro Penal Venezolano. Esto se debe a que incluye a los condenados en procesos políticos habidos antes del 12 de febrero de 2014, fecha emblemática en nuestra historia reciente de represión judicial contra la disidencia.
A partir de entonces, casi todas las historias estan ligadas de alguna manera con las protestas antigobierno que dominaron el escenario nacional el año pasado, contando al grupo de nueve oficiales de la Fuerza Aérea Nacional condenados por rebelión militar en el denominado (por el gobierno) como el Golpe Azul.
Según el Foro Penal, 31 personas están tras las rejas específicamente por participar en manifestaciones públicas; 6 por el uso de redes sociales; 15 por rebelión militar, 2 por rebelión civil y 22 bajo «otros» cargos. Aquí se incluyen los cinco detenidos en Cayo Sal (Parque Nacional Morrocoy) tras abuchear a la ministra de Turismo y esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Marleny Contreras.
Así mismo, vale destacar que ambas organizaciones de derechos humanos toman en cuenta entre sus respectivas listas a quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, debido a que, aunque en su casa, su derecho fundamental a libertad personal sigue estando cercenado por una orden judicial.
Entre los más destacados de este grupo figuran, por ejemplo, el alcalde Antonio Ledezma y el ex alcalde Daniel Ceballos, ambos excarcelados recientemente con sendas medidas humanitarias por motivos de salud.
Todas tienen en común que dijeron o hicieron algo que ofendió al poder político detentado en miembros del PSUV que ocupan los distintos estratos de la administración pública.
Clasificación
-Antes del 12F: La lista de Fundepro contempla a tres grupos de presos políticos pre-protestas estudiantiles: Los condenados por el Caso Anderson, los condenados por el caso del 11 de abril de 2002 y otros encausados por distintos delitos de opinión.
-Los policías del 11-A: Los comisarios Forero y Vivas fueron liberados con medidas humanitarias en 2011; Iván Simonovis recibió casa por cárcel hace un año, pero en la cárcel de Ramo Verde aún permanecen sies ex efectivos de la Policía Metropolitana condenados junto a los primeros, «de los que nadie se acuerda» según sus abogados. Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado y Héctor Robaín llevan 13 años presos sentenciados con penas de entre 16 y 30 años de prisión, y pese a múltiples solicitudes, les han negado las medidas alternativas que por ley les corresponden.
-Los Guevara: Los hermanos Rolando y Othoniel, y su primo Juan Bautista Guevara terminaron pagando los platos rotos por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, el 18 de septiembre del 2004. Con el testimonio de un testigo que posteriormente se declaró mitómano, y evidencias de un fraude procesal fraguado en el Ministerio Público (a confesión de un fiscal), los Guevara fueron condenados a 30 años de prisión. Llevan 11 recluídos en la sede del Sebin en El Helicoide.
-Cnel. José Gámez Bustamante: Ex director de la División Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (2008), acusado por terrorismo y asociación para delinquir. Fue detenido en julio de 2012 en el marco de una de las tantas denuncias de magnicidio hechas por el presidente Hugo Chávez. Debido a que era discapacitado por un ACV que sufrió años antes, el militar recibió medida de casa por cárcel, la cual fue revocada en enero de 2015 luego de que Nicolás Maduro difundiera una conversación sostenida con el vicealmirante Iván Carratú Molina, que daba cuenta de otra supuesta «conspiración». Se encuentra recluído en El Helicoide.
-Víctor García Hidalgo: Locutor y comunicador social. Detenido el 1 de marzo de 2013, acusado de rebelión civil por los sucesos del 11 de abril de 2002.
-Por utilizar las redes sociales: Según Fundepro, son cinco las personas que hoy continúan privadas de libertad por usar el Twitter para comunicar ideas o información: Skarlyn Duarte, 23 años, bailarina. Detenida en Caracas el 26 de agosto del año pasado y acusada por los delitos de instigación al odio, acceso indebido a sistemas protegidos, espionaje informático y ultraje. Recluida en El Helicoide (Sebin). Leonel Sánchez Camero, economista, detenido en Barinas por emitir mensajes «amenazantes» contra efectivos de las Fuerzas Armadas.Inés Margarita González Árraga, tuitera, detenida el 14 de octubre, y acusada de instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario, tras expresar su indignación contra acciones de uniformados durante la represión de protestas pacíficas. Ginette Hernández, ex community manager del Canal E!, acusada públicamente por Diosdado Cabello de pertenecer a un «grupo desestabilizador» .Lessy José Marcano, tío de la anterior, acusado por los mismos delitos.
En Lara
En el estado Lara encabeza la lista María Elena Uzcátegui y el sargento técnico en situación de retiro, Jimmy Torres Vargas.
La primera se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 20 de diciembre, pero privada de libertad desde el 12 de septiembre de 2014, por albergar en su apartamento a manifestantes que eran perseguidos por las fuerzas de seguridad del Estado durante la represión de protestas ciudadanas. Es acusada por los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir, destrucción de propiedad pública, uso de explosivos y uso de menores para delinquir.
* En cuanto a Torres, es aprehendido el 11 de junio de 2014 por fotografiar una protesta en la avenida Los Leones de Barquisimeto. Fue sentenciado a 5 años y tres meses de prisión por el Tribunal 7° del estado Lara, por los delitos de «ultraje a centinela, violación al espacio de zona militar, vilipendio a la Fuerza Armada, injuria, ofensa y menosprecio», indican los archivos de Fundepro. Permanece en Ramo Verde.
* En Yaracuy, se encuentra preso en su residencia el diseñador gráfico venezolano-español José Luis Fernández Martín, enjuiciado por los delitos de instigación a la desobediencia civil y ocultamiento de armas de fuego en la modalidad de explosivo. Fue detenido junto a su esposa (sobreseída y deportada a España) el 19 de marzo de 2014 durante una «guarimba» en San Felipe..
