El gobierno de Colombia descartó este lunes que la aplicación del modelo de justicia pactado con la guerrilla FARC para finalizar medio siglo de conflicto suponga una «cacería de brujas» y negó una vez más que implique «impunidad» a violadores de derechos humanos.
El acuerdo de justicia, sellado la semana pasada entre el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), prevé una «jurisdicción especial» para los actores del conflicto armado, sean guerrilleros, agentes del Estado o particulares que participaron directa o indirectamente en el conflicto.
«El sistema integral es para todos, todo el que tenga responsabilidad debe someterse», dijo el jefe negociador de paz del gobierno, Humberto de la Calle, en rueda de prensa en la presidencial Casa de Nariño.
Tanto De la Calle como el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo, número dos de la delegación oficial que desde noviembre de 2012 sostiene conversaciones con las FARC en Cuba, subrayaron que en lo que respecta a los agentes del Estado las decisiones deben estar guiadas por criterios de equidad.
«No vamos a aceptar un escenario (…) donde aquí despachamos rápidamente a las FARC y nos dedicamos a abrir investigaciones contra agentes del Estado y civiles. Ese no va a ser el escenario, esto no se trata de una cacería de brujas», enfatizó Jaramillo.
Ambos precisaron que la discusión sobre el procedimiento de justicia para las fuerzas militares y policías se discutirá en Colombia y no con los rebeldes en la mesa de La Habana.
«Los colombianos reconocemos que, salvo excepciones, las fuerzas militares cumplían una función legítima a la luz de la Constitución», dijo De la Calle.
No es «borrón y cuenta nueva»
Ampliamente celebrado por organizaciones y líderes mundiales, el pacto alcanzado fue cuestionado sin embargo entre los opositores al proceso de paz, como el expresidente colombiano Álvaro Uribe y el director para las Américas de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco.
«Esto es lo contrario a borrón y cuenta nueva. No es ese esquema. Está claro y ambas partes han aceptado que hay crímenes graves que no son objeto de amnistía», puntualizó De la Calle, al reiterar que éste «no es un acuerdo de impunidad».
Punto neurálgico del acuerdo de paz definitivo que deberá firmarse en seis meses, el pacto contempla desde sanciones severas, como 20 años de cárcel, hasta leves, como obligación de participar en la Comisión de la Verdad, según se reconozca o no la responsabilidad en crímenes graves.
De la Calle destacó tener el 23 de marzo próximo como fecha límite para firmar un acuerdo definitivo de paz, y la previsión de 60 días a partir de esa rúbrica para comenzar la dejación de armas.
Pero recordó que ningún acuerdo definitivo se aplicará sin la aprobación del pueblo colombiano.
«Es la sociedad la que tiene que colocar en una balanza lo pactado, incluso con sus renunciamientos, sus dificultades, con lo que suelen llamar ‘sapos’ en lenguaje ordinario, frente a la gran oportunidad de poner fin a un largo conflicto y comenzar una tarea de construcción de una paz firme. Esa balanza estará en manos de los colombianos», dijo.
