A diferencia de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace un año, los seres queridos de Julio César Mondragón tuvieron un cuerpo que enterrar. Pero eso no les dio mucho consuelo porque el cadáver ofrecía un brutal testimonio de los horrores que padeció momentos antes de morir.
La autopsia muestra varias fracturas de cráneo, hemorragias internas y otras heridas producto de torturas. Su cráneo fue desollado, una táctica frecuente usada por los cárteles de la droga para crear terror. Luego, las fotografías de su cadáver fueron subidas a internet.
La atención internacional del caso se ha centrado en los 43 estudiantes que se desaparecieron de la faz de la tierra el sábado hace un año, pero otras seis personas murieron a manos de la policía durante esas horas, incluyendo a Mondragón, de 22 años, casado y con una niña de un año.
De acuerdo con un grupo independiente de expertos, tanto las desapariciones como los asesinatos fueron parte un ataque desproporcionado, coordinado en contra de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, que habían llegado a esa ciudad, 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, a tomar varios autobuses para ir a una manifestación.
Lo sucedido el pasado 26 de septiembre está lejos de ser un caso aislado. Unas 25.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde 2007, cientos de ellos en Iguala al menos en el último año. La desaparición de los estudiantes llamó la atención acerca de cientos de personas que han desaparecido, la violencia de los cárteles de la droga, la corrupción oficial, la indiferencia del gobierno y la negligencia de la justicia que hace que los casos languidezcan en los despachos judiciales.
De acuerdo con la versión oficial de los hechos, los 43 estudiantes desaparecieron víctimas de un ataque de la policía y un cártel local de narcos llamados Guerreros Unidos al confundirlos con un cártel rival. El propio ex Procurador (que es como se llama al Fiscal General en México) dijo en noviembre pasado que los estudiantes fueron asesinados y sus restos incinerados en una enorme hoguera en el basurero de la cercana población de Cocula.
Pero el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rebatieron esa versión a principios de mes al concluir que las autoridades sabían que eran alumnos de Aytozinapa desde el momento en que salieron de la escuela rumbo a Iguala, y que no hicieron nada para detener el ataque del que fueron víctimas.
También refutaron la versión de la hoguera. Sostienen que, simplemente, no ocurrió, y sugirieron que el móvil del ataque fue que los estudiantes, sin saberlo, tomaron un autobús que llevaba droga o dinero. Iguala es conocida como un centro de distribución y tráfico de heroína a Estados Unidos.
Las familias culpan a las autoridades de negligencia judicial, incluyendo el caso de Mondragón y otras cinco personas que murieron esa fatídica noche. Sus compañeros Daniel Solís y Julio César Ramírez fueron asesinados a quemarropa. El conductor Victor Manuel Lugo Ortiz y el adolescente David José García Evangelista, de 15 años, murieron cuando la policía disparó contra el autobús que transportaba a un equipo de fútbol. Y Blanca Montiel, de 40 años, cayó muerta víctima de las balas perdidas cuando iba en un taxi.
