Cansados de las irregularidades de las cuales son testigos todos los días, los privados de libertad de los cinco pabellones de la Comandancia General de la Policía de Lara, en la carrera 30, revelaron a través de un contacto telefónico los presuntos delitos en los cuales incurren los funcionarios policiales encargados de su custodia.
“Para tener privilegios hay que tener billete” explica un privado de libertad recluido en el pabellón cinco, donde permanecen 70 hombres en un espacio de 10 metros de ancho por 20 de largo, diseñado para máximo 30 personas.
“Estoy hablando en nombre de los más de 700 que estamos aquí adentro, todos con boleta de traslados a un penal” dice, y comienza su relato: Sabemos que las visitas conyugales no están permitidas y la única manera de ver a nuestras esposas es pagándole a los funcionarios para que les permitan el acceso.
Según el detenido, cada mujer entrega cinco mil bolívares en efectivo al funcionario que esté de servicio para que les sea permitido ingresar al recinto y tener intimidad con su pareja. Eso ocurre entre las 6:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, todos los días, eso sí, se sortean los turnos para no invadir los espacios del otro. El privado asegura que las autoridades están enteradas de tal irregularidad, pero se hacen la vista gorda.
“Ellos dicen que no hay un área habilitada para que nosotros estemos con nuestras mujeres, pero de todas maneras lo hacemos, entonces exigimos que legalicen las visitas conyugales”.
Preferencias
Los efectivos policiales que están en condición de detenidos permanecen en un área especial llamada anexo, en donde tienen todas las comodidades.
Duermen en literas de madera, tienen ventiladores, televisores, cocina a gas y una pequeña despensa, celulares última tecnología, laptop, servicio de wi-fi y –según los reos de los pabellones comunes- “trabajan” con los cupos electrónicos. Son alrededor de 20 y ellos sí pernoctan con sus esposas.
Eso ha devenido en una discordia con otro grupo de funcionarios detenidos en los pabellones junto al resto de la población que no tienen todas esas comodidades “porque no somos chivos pesados”.
Ante la interrogante de por qué sacar a la luz pública todas estas situaciones que viven en los calabozos, responden: “Queremos ser escuchados, que eso se acabe porque todos tenemos que ser tratados por igual, ya no soportamos un día más aquí; nos queremos ir a un penal”.
Hacen un llamado a la ministra para los Servicios Penitenciarios Iris Varela y al gobernador Henri Falcón, para que logre conseguir los cupos en los penales.
Pase de armas y droga
Durante la visita familiar, los parientes de los privados de libertad pasan sustancias ilícitas a sus seres queridos. Un privado de libertad explica cómo lo hacen: Ellos lo colocan en las comidas y pagan “el peaje”, el monto depende de la cantidad de droga.
“Pasar un kilo del encargo cuesta ocho mil bolívares, dos kilos dieciséis mil…” pero las armas son mucho más caras. “Eso cuesta más billete, en estos días pasaron una por 80 mil”.
Calabozos inhabitables
Los calabozos de la Comandancia General así como todos los de los Centros de Coordinación Policiales son centros de reclusión preventivos sólo aptos para mantener al detenido por un máximo de 72 horas.
Luego de la audiencia ante los tribunales larenses, se decide el otorgamiento de la medida de libertad, de la medida alternativa a la cárcel o la redistribución del recluso a un penal, pero los retrasos procesales en el ámbito judicial y la paralización de los traslados masivos a las cárceles, han originado la situación de hacinamiento.
El Cuerpo de Bomberos del estado Lara inspeccionó los calabozos de Polilara construidos hace 60 años en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y concluyó que ninguno está apto para ser habitado. Las paredes y la platabanda están débiles; es un sitio de alto riesgo.
Eso lo saben bien las autoridades. En febrero de este año Luis Rodríguez, director de Polilara, lo admitió, pero además dijo que el comportamiento de los reos, quienes todo el tiempo están pensando en cómo fugarse, agrava la situación, especialmente cuando colocan plásticos y tela para colapsar las cloacas en actos de rebeldía.
Los reclusos dicen que seguramente sus declaraciones les traerán consecuencias, pero aseguran no sentir miedo. De hecho, ayer seis de ellos se cortaron brazos y piernas para pedir en primer lugar, el cambio del director, cargo que desde hace pocos meses ocupa el comisionado Edilson Hernández.
Las heridas fueron suturadas por los médicos del Hospital Militar porque en el Hospital Central Antonio María Pineda había muchas emergencias y no los atendieron.
