La educadora Doris Rodríguez vino a este periódico la tarde de este martes, para desmentir que ella no es ninguna estafadora como lo afirmó Jeannellys Antonela Da Silva, por este rotativo, a quien en mutuo acuerdo y consentimiento entre las partes le alquiló en mayo de 2014 un local de su propiedad, en la carrera 15 entre calles 58 y 59, por voluntad de Da Silva que dispuso montar una peluquería.
Todo comenzó cuando ofertó online alquilar ese local con accesorios de peluquería, construido en 2003 para una hija que posteriormente se graduó de docente y la trabajó, sostuvo.
Indicó que Da Silva le entregó 15 mil bolívares por concepto del pago de dos meses de depósito y uno de alquiler, y le solicitó que retirara los accesorios que se encontraban ahí porque ella llevaría unos más novedosos.
Precisó que todo estaba bien hasta ese momento.
El problema surge porque a la fecha no ha llevado los equipos que prometió, desapareció sin pagarle el consecutivo alquiler y no supo más de su existencia, hasta visitarla en diciembre en su apartamento, pero ese día afirmó desconocerla, a través de vigilancia, sin recibirla, expuso.
Dijo que en enero de este año el esposo de Da Silva llegó al local e intentó violentar los candados, “pero al verme se me fue encima, me empujó y sacó a relucir una pistola”, denuncia que formuló en el Ministerio Público, donde se libró orden de captura para el agresor y sigue libre.
Advirtió que se reserva las acciones legales contra esta ciudadana por cuanto constituyen delitos de tipo penales y civiles el haberla difamado e injuriado, llamándola ladrona y estafadora por los medios de comunicación.
Puntualizó que esas declaraciones públicas le ocasionaron daños y perjuicios morales que serán reivindicados en su debido momento, de carácter legal.
Citó que Da Silva violó el artículo 49 de la Constitución, relativo al derecho a la inocencia y al debido proceso, así como el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, que determina el derecho a ser tratado como tal, mientras no se establezca culpabilidad.
Esgrimió que su local está sometido a la Superintendencia de Precios Justos, órgano que intervino diligentemente sobre la situación en conflicto, negándole todas las peticiones a esta ciudadana.
Dejó claro que Da Silva hizo denuncias en su contra fuera de tiempo, modo y lugar ante el Ministerio Púbico y en los medios de comunicación, que le otorga el poder de emprender otras acciones, porque alega una serie de hechos fuera de lugar.
Deploró que se “enfocó en los medios para difamarme y acosarme en mi lugar de trabajo (liceo), utilizando términos vulgares y grotescos, irrespetando mis derechos laborales”.
Concluyó diciendo que ella tiene una medida de protección, y hace responsable a Da Silva de lo que le pueda ocurrir, ya que lo único que quiere es apoderarse a la fuerza de un derecho de propiedad que no le pertenece en propiedad.
