Múltiples y contundentes han sido las reacciones que ha generado la comunidad democrática mundial contra el proceso judicial que culminó con la sentencia a 14 años de prisión impuesta al líder opositor Leopoldo López.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes expertas consultadas por EL IMPULSO, aún cabe esperar mucho más, porque desde los ojos del Derecho condenar este fallo es lo único que se puede hacer al mirar las serias violaciones de derechos humanos que se evidencian en él.
Así lo consideró el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao.
«Es una sentencia que podríamos llamar arbitraria, que en caso de ser confirmada por los jueces superiores va a tener que ser llevada ante instancias internacionales, y no me cabe la menor duda de que con todas esas arbitrariedades van a declarar que es un sentencia sin efectos», manifestó el jurista.
«Estamos frente a un proceso que tiene unas formas pero que no se han cumplido, y que básicamente han sido utilizadas para fines distintos a los previstos a las leyes penales, para sancionar un discurso político crítico que en una democracia debe estar protegido», agregó.
De acuerdo con el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en este proceso judicial se excluyeron garantías fundamentales que son las que determinan un juicio justo de acuerdo con los estándares democráticos universales.
«Conforme no sólo a la opinión de sus abogados, sino de expertos independientes que han realizado un análisis del proceso, se puede afirmar que la condena a Leopoldo López se produce en medio de violaciones graves a las garantías del debido proceso. Una de ellas es la garantía de ser juzgado por un juez independiente», explicó Ayala Corao.
«La jueza Barreiros es una jueza provisoria, y conforme a lo ha determinado la jurisprudencia internacional un juez provisorio, que puede ser removido libremente, está sujeto a presiones internas y en consecuencia no goza de independencia», fundamentó.
Igualmente, durante el proceso se restringió la actividad probatoria de la defensa, se limitó los controles de la prueba que brindó la Fiscalía, y lo que se pudo evidenciar es que la acusación no encontró fundamento, acotó el jurista.
Por otro lado, aunque reconoció que el equipo de defensa del dirigente político ha hecho un trabajo asiduo, serio y sistemático, el profesor de derecho recomendó agotar las instancias internas para ir a la jurisdicción internacional, donde cree que se encuentran las mejores posibilidades de reparación.
«Indudablemente que el resto (de la presión internacional) ya queda más a lo que podríamos llamar la voluntad política de los estados, sobre las cuales yo tengo desconfianza, porque son influidas por motivos económicos y de intereses. Confío más en las instancias independientes judiciales y cuasi judiciales, que son los organismos internacionales en materia de derechos humanos», señaló.
Sobre la actitud de los poderes públicos nacionales de negarse a cumplir con una larga lista de fallos impuestos por, entre otros órganos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ayala fue tajante.
«Los gobiernos pasan y lo que queda es el Estado. Esas son obligaciones que tarde o temprano van a tener que cumplirse»,
