Estados Unidos anunció este viernes que considerará una gama de opciones en colaboración con países americanos para aplicar presión al gobierno de Venezuela, tras la condena a casi 14 años de cárcel de Leopoldo López.
«Ciertamente vamos a considerar una gama de opciones mientras trabajamos con otros países del Hemisferio Occidental para aplicar presión al gobierno venezolano», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Washington buscará «asegurar que otros países del hemisferio prioricen no solo el respeto, sino incluso la protección de los derechos humanos básicos de los ciudadanos», añadió Earnest, durante su conferencia de prensa diaria.
Esas medidas son evaluadas luego que el gobierno del presidente Barack Obama ordenara en marzo sanciones contra altos funcionarios venezolanos señalados de supuestas violaciones a los derechos humanos.
Para las autoridades estadounidenses, las sanciones -bloqueo de cuentas en ese país y prohibición de entrada a siete altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro-, funcionaron.
«Pienso, basado en la reacción que vimos del gobierno venezolano, que esas sanciones han tenido éxito en aplicar presión a los líderes de ese país», señaló Earnest.
El fundador del partido Voluntad Popular fue acusado de «daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir», durante las manifestaciones callejeras que dejaron 43 muertos y cientos de heridos entre febrero y mayo de 2014.
Son «acusaciones políticamente motivadas», denunció Earnest, quien instó al gobierno de Venezuela a liberar a López y «todos los prisioneros políticos injustamente detenidos».
«Los problemas de Venezuela no se pueden resolver criminalizando el disenso», añadió.
La subsecretaria estadounidense de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, expresó estar «profundamente preocupada» por la condena.
En una conversación telefónica este martes con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, había expresado «nuestra preocupación por la situación humanitaria» de López, dijo Jacobson el miércoles.
«Estados Unidos está profundamente perturbado por la condena y sentencia al líder opositor Leopoldo López», señaló el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en un comunicado.
«La decisión de la corte genera preocupación sobre la naturaleza política del proceso judicial y del veredicto, así como el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno», añadió.
Más temprano, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se había declarado «preocupado por Leopoldo López, cuya libertad exige Naciones Unidas», en un mensaje en su cuenta de Twitter.
«Venezuela es un gran país que merece gran democracia», añadió Rajoy.
La Unión Europea también rechazó la sentencia, por considerar que en el juicio no se proporcionó a los acusados «las garantías adecuadas de transparencia» y expresó su deseo de que las «vías disponibles para rectificarlo permitan revisar estas severas sentencias de una manera justa».
En América Latina, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) dijo que respeta los fallos de la justicia en Venezuela y confió en que López pueda ejercer su defensa en segunda instancia.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, calificó este viernes como una «muy mala idea» el uso de los tribunales para castigar a adversarios políticos.
Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter que «el chavismo se robó a Venezuela (boliburgueses) y condenan a Leopoldo, qué infamia». Agregó que «la esperanza de libertad de Leopoldo está en los días contados que le quedan a la tiranía».
Andrés Pastrana, quien en varias oportunidades intentó sin suerte visitar a López en la prisión de Ramo Verde, dijo telefónicamente a The Associated Press que sentenciarlo «es condenar la libertad de expresión, criminalizar la oposición y enterrar la democracia».
Opinó que «quedó claramente demostrado que en Venezuela no hay una democracia y hay un Poder Judicial absolutamente sometido al gobierno que, sin una prueba… condenó a un inocente».
En Uruguay, el senador del opositor Partido Colorado José Amorín dijo en su cuenta de Twitter que «en Venezuela siguen matando y encarcelando opositores. Niegan libertad y justicia. Y muchos acá miran para el costado».
Mauricio Macri, principal candidato opositor en Argentina para las elecciones presidenciales de octubre y líder de la conservadora Propuesta Republicana, manifestó en Twitter su «rechazo al proceso legal y condena de Leopoldo López. Que los presidentes de Mercosur intercedan y se asegure su resguardo y libertad».
En tanto, la diputada opositora argentina Elisa Carrió consideró a la sentencia «la medida más salvaje realizada por una dictadura que viola los derechos humanos y no tolera la disidencia».
La condena «consuma el proceso de destrucción de libertades democráticas» en Venezuela, afirmó el exjefe del gobierno español Felipe González.
«Ni dentro ni fuera de Venezuela, nadie puede llamarse a engaño. Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto. El Presidente decide por el Parlamento y por la Justicia», añadió González.
Prisionero de conciencia
El fallo fue criticado además por organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Amnistía Internacional dijo que López fue sentenciado sin ninguna evidencia creíble, lo que demuestra «la absoluta falta de independencia e imparcialidad judicial en Venezuela» y exigió su inmediata liberación.
«Los cargos contra Leopoldo López nunca fueron adecuadamente sustanciados y la sentencia de prisión en su contra tiene una clara motivación política. Su único `crimen’ es ser líder de un partido opositor», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Por su parte, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, dijo que el juicio contra López y otros tres jóvenes no ofreció pruebas que los relacionara con un delito. «En un país que carece de independencia judicial, un juez provisional acusa a cuatro personas inocentes tras un juicio en el que la Fiscalía no presentó pruebas básicas que las relacionas en con un crimen y, además, a los acusados no se les permitió defenderse de forma apropiada», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo.
En un comunicado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reiteró su «pedido a las autoridades venezolanas de que aseguren el debido proceso» a la vez que se mostró «preocupado con respecto al derecho de López a un juicio justo».
«Consideramos que es otra violación a la constitución en un país que mantiene una cortina democrática dando apariencia de aplicar justicia cuando sus jueces cumplen ‘órdenes’ giradas desde el Poder Ejecutivo», señaló en un comunicado la organización de derechos humanos Venezuela Awareness con sede en Miami.
«La ilegal decisión firmada por la juez Susana Barreiros pero tomada por las más altas esferas del régimen demuestra una vez más la ausencia del estado de derecho en Venezuela y el uso de los tribunales como herramientas de persecución política», indicó de su lado la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
