A 13 años, nueve meses y siete días de prisión fue sentenciado el dirigente opositor Leopoldo López, tras ser hallado culpable de los delitos de instigación pública, incendio y daños a la propiedad en grado de determinador, y asociación para delinquir.
La misma suerte corrieron los estudiantes Ángel González, Demian Martin y Christian Holdack, aunque en su caso la pena fue más suave y podrán cumplirla en libertad: Holdack recibió 10 años y siete meses, con presentación semanal ante el tribunal, mientras los otros dos fueron sentenciados a cuatro años y medio cada uno, con la misma medida.
Tal es el destino que, según el Poder Judicial, les corresponde por ser autores materiales de la quema de cinco patrullas del Cicpc, y los daños a la infraestructura del Ministerio Público, causados luego de la marcha pacífica del 12 de febrero.
De acuerdo con el dictamen, López deberá pagar su condena en el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, donde ha permanecido detenido desde que se entregó a las autoridades, el 18 de marzo del año pasado.
Tras casi tres horas de deliberación, dos más de las fijadas por ella misma, a las 9 de la noche la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, entró a la sala para dar su veredicto. La lectura del fallo fue recibida por la conmoción de una sala llena de familiares de los cuatro acusados que quedaban en este proceso, luego de la evasión del estudiante Marcos Coello la semana pasada.
No bastaron las tres horas de discurso final que emitió López antes de conocer su destino, en las que instó a la administradora de justicia a actuar apegada a la Constitución y las leyes; tampoco los argumentos expresados por su defensa en la etapa de conclusiones, que sostiene que ningún testigo o prueba promovida por la fiscalía pudo demostrar que cometió los delitos que le imputaron.
“Usted va a tener más miedo de leer la sentencia que yo de escucharla, porque usted sabe que soy inocente”, dijo el líder político en su intervención.
Cabe recordar, la base fundamental de la acusación del Ministerio Público, en la actuación de sus fiscales Franklin Nieves y Narda Sanabria, se basó en la teoría de que, con su discurso político llamando a La Salida, López incitó a los manifestantes del 12 de febrero a cometer actos de violencia contra las instituciones públicas.
Sin embargo, esta acusación no pudo ser soportada en hechos reales ni evidencias objetivas y cuantificables, sino en la opinión de una experta en lingüística quien sostuvo que las palabras pronunciadas por el opositor tuvieron el poder de mover a sus seguidores a accionar violentamente.
Esto no es compartido por la defensa. “Este caso es el resultado sistemático de múltiples violaciones al debido proceso, desde que Leopoldo López fue privado de libertad y se ordena su captura a escasas horas de haberse producido un hecho, sin una investigación”, expresó Juan Carlos Gutiérrez en una rueda de prensa ofrecida temprano. Incluso, el abogado denunció que la Fiscalía hasta agregó al expediente frases que en ningún momento mencionó el político. Además, a última hora surgieron una serie de fotos del interior de la biblioteca de la Fiscalía General de la República, que confirman que nunca se produjo un incendio en ese lugar.Se impone finalmente la tesis de que esta condena no va dirigida a un hombre, sino al ejercicio de la disidencia política en Venezuela.
A partir de ahora, la defensa deberá esperar la publicación del fallo, y a partir de allí tiene un lapso de 5 días hábiles para apelar la decisión.
Tragedia en cercanías del Palacio de Justicia
A la voz de consignas como «fuera los fascistas», oficialistas agredieron a periodistas y activistas de Voluntad Popular con garrotes, patadas y objetos contundentes, causando la muerte de una persona y al menos 60 lesionados.
El hecho ocurrió en las adyacencias del Palacio de Justicia de Caracas y frente a funcionarios de la Guardia Nacional y Policía Nacional, quienes presenciaron el ataque sin actuar ni mediar. Mientras tanto, en el interior de los tribunales se celebraba la jornada final del juicio a Leopoldo López, acusado de instigar con su discurso los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero de 2014.
Por la patria
A bordo de motos y otros a pie, al mediodía arribaron los simpatizantes del oficialismo al espacio donde se encontraba desde temprano el grupo conformado por activistas de VP, estudiantes, sociedad civil y periodistas, en un callejón justo entre la iglesia Santa Teresa y el cerco militar instalado a dos cuadras del Palacio de Justicia.
Entre algunas escaramuzas aisladas, inicialmente los recién llegados sólo gritaron insultos contra quienes llamaban “burgueses”, retenidos por un débil cordón de la PNB. Sin embargo, cuando el tumulto se hizo más cerrado y el caos creció, los uniformados se retiraron y fue entonces cuando los rojos desataron las agresiones físicas a un nivel colectivo.
Los opositores se dispersaron corriendo hacia la avenida Lecuna, donde se encuentra una estación del Metro, y otros se refugiaron en los locales comerciales cercanos.
En medio de la trifulca, un miembro de la tolda opositora, identificado como Horacio Blanco, murió de un infarto luego de ser agredido. Igualmente, el periodista venezolano y corresponsal de Telemundo, Daniel Garrido, resultó con fractura de muñeca debido a los golpes recibidos con el trípode de su propia cámara, luego de que intentara salvar a una colega que iba a ser atropellada por la turba. Después, los agresores lo despojaron de sus pertenencias.
Así mismo, Andreína Flores, de Radio Francia, recibió un garrotazo en una pierna, y Alexandra Castillo, de SuNoticiero.com, salió con moretones en brazos y piernas.
Por su parte, el concejal metropolitano y vocero de VP, Freddy Guevara, fue golpeado y debió refugiarse en un local comercial hasta que pasó el suceso. La misma suerte corrió la candidata a diputada Manuela Bolívar, con seis meses de embarazo.
«Esto es territorio de paz»
Así gritaba, a través de un micrófono conectado a un amplificador, el «revolucionario» que arengaba a los demás a «sacar» a los opositores de donde se encontraban expresando su apoyo al líder disidente.
«Esto es territorio chavista. No vamos a permitir que con sus acciones violentas intenten desestabilizar nuestra patria», era el mensaje de «aliento» que expresaba un sujeto desde la parte de arriba de un camión de sonido, forrado con afiches del presidente Nicolás Maduro y el PSUV.
A la ex ministra de Comunicación y candidata del PSUV, Jacqueline Faría, se le acusó de la violencia por un tuit escrito horas antes: «Camaradas, vamos todos a la Plaza Diego Ibarra (al lado del Palacio de Justicia) en apoyo a las víctimas de la guarimba y a exigir justicia».
Por esta razón, Voluntad Popular responsabilizó a la funcionaria, así como a los cuerpos de seguridad, por la muerte de uno de sus miembros: “Señores de la Guardia Nacional y Policía Nacional que estaban allá, ¿no se sienten responsables de que ese luchador, Horacio Blanco, esté muerto? Usted señora Jacqueline Faría, la vicepresidenta de la Cámara del municipio Libertador, ¿no se siente responsable por esa muerte?
Denunciamos aquí la responsabilidad de todas estas personas por el asesinato de Horacio Blanco, activista de Catia”, expresó Freddy Guevara en nombre de la tolda opositora.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha abierto una investigación.
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