Organizaciones sindicales plantearon la necesidad de un incremento de la Unidad Tributaría (UT), establecida en Bs. 150 o en su defecto un ajuste en el porcentaje a pagar por concepto de bono de alimentación, debido al alza en los precios de los alimentos.
Así lo expresaron Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), y Héctor Contreras, coordinador regional de la comisión transitoria de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en Lara, quienes señalaron que el monto cancelado por este concepto es insuficiente.
Máspero destacó que el monto mínimo al cual se debería ajustar el ticket de alimentación es Bs. 500, con base en los datos de junio del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), institución que publicó que el valor promedio de un almuerzo en la calle, para la fecha, era de Bs. 396,55. Señaló que la revisión en el mismo debe ser constante, acorde con el índice inflacionario
Es de destacar que el porcentaje de la UT a pagar es entre 0.50 y 0.75, lo cual equivaldría a Bs.75 y Bs. 112,50 respectivamente.
Por tanto, Máspero advirtió que se deben tomar en cuenta los múltiples factores que inciden en la preparación de la comida, incluso cuando esta es de casa.
Agregó que también plantearían un segundo ajuste en la ley, puesto que los trabajadores deben alimentarse diariamente, y no sólo cuando acuden al trabajo.Proponen pago de bonos de alimentación de 30 días.
Por su parte, Contreras apuntó que un aumento de la UT sería pertinente, debido al deterioro de la moneda y el impacto de la devaluación, si se toma en cuenta que parte de la economía se maneja con un dólar paralelo en aproximadamente Bs. 700, por demás especulativo.
A esto sumó que la escasa producción de alimentos impacta directamente en los presupuestos familiares.
En su opinión, dichas medidas debiera estar acompañadas de un impulso a la producción nacional.
Rechazo a la exoneración
Máspero también rechazó la exoneración de impuestos a la importación de productos terminados, por impulsar esta medida la economía de puertos y afectar el aparato productivo nacional. Señaló que la misma acabaría con el empleo en sectores que ya se ven afectados por la producción, entre estos aceite y azúcar.
Calificó esta medida como una “licencia para matar” el aparato productivo nacional, amparados en el desabastecimiento.
