«Venezuela es un Estado garante de los derechos humanos, no nos han dado ni una sola prueba que expulsamos refugiados, o que mujeres fueron violadas; si las tuviéramos actuaríamos», indicó a la AFP Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, para desmentir este martes en Ginebra acusaciones en contra del Gobierno de su país.
Saab salió así al cruce de los casos de al menos «1.097 personas de origen colombiano, entre ellas 220 niños y adolescentes» deportados recientemente de Venezuela a Colombia que fueron denunciados el lunes por un colectivo de organizaciones humanitarias latinoamericanas.
El Defensor del Pueblo admitió que hubo «inmigrantes ilegales deportados, pero se utiliza el tema de derechos humanos para mentir: hay narcotráfico, paramilitarismo, y bandas organizadas en Venezuela que se dedican al contrabando de gasolina y de productos de extracción, [como por ejemplo] la harina o el aceite comestible comprados a bajo precio en Venezuela por estar subvencionados por el gobierno, vendidos luego a precios más altos en Colombia», dijo.
«Pedimos que nos documenten los casos, pero lanzan cifras genéricas para dañar a Venezuela, no hay un solo caso de un refugiado deportado, hay que decir la verdad, y sobre mujeres violadas tampoco hay pruebas», insistió.
«Toda diferencia debe arreglarse por el diálogo. Mi país ha pedido una reunión bilateral de las más altas autoridades y Colombia dice que debe condicionarse. Eso es una voluntad de no querer sentarse a hablar», concluyó.
Saab viajó a Ginebra para informar a las autoridades de diferentes órganos de la ONU sobre la situación en la frontera, lo mismo que hizo el lunes la canciller colombiana María Ángela Holguín.
