La decisión del gobierno venezolano de extender el cierre de las fronteras con Colombia al principal paso del estado occidental de Zulia alejó las posibilidades de que la crisis bilateral, que lleva casi tres semanas, pueda superarse en breve tiempo.
Los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia se han mostrado en los últimos días abiertos a sostener un encuentro para buscar una salida a la crisis, pero ambos han puesto condiciones para esa reunión mientras siguen subiendo de tono las declaraciones desde ambos lados.
La medida tomada la víspera por Maduro de cerrar el paso fronterizo de Paraguachón, en Zulia, y declarar el estado de excepción en tres municipios de esa región adonde serán enviados 3.000 militares para reforzar la seguridad, fue rechazada por la oposición venezolana que sostuvo que esas acciones generan perturbaciones a tres meses de las elecciones parlamentarias.
El secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba, afirmó el martes que estas decisiones no atienden las causas de los problemas que enfrentan los venezolanos como la creciente delincuencia, la desbordada inflación y la severa escasez de productos básicos, y sostuvo que por el contrario esas acciones afectan a los ciudadanos que habitan en la frontera.
Torrealba dijo a The Associated Press que las acciones del Ejecutivo «están orientadas básicamente a distraer la atención del país de un problema que para el gobierno es mucho más amplio, mucho más grave, que es el tema de la crisis humanitaria que estamos enfrentando».
Según el dirigente, extender el estado de excepción a tres municipios de Zulia «forma parte de las estrategias del ventajismo institucional» que estaría consolidando el gobierno de cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre.
Zulia tiene una gran importancia debido a que es uno de los principales centros petroleros del país y tiene la mayor población electoral luego de la región capital.
El paso fronterizo de Paraguachón, unos 700 kilómetros al oeste de Caracas, es la principal ruta de comunicación de Zulia con Colombia y por allí transitan numerosos vehículos de carga de mercancías y pasajeros. A su vez forma parte de la zona donde habita el grupo indígena wayúu, que según Maduro mantendrá libre tránsito en la frontera.
El mandatario venezolano ha defendido el cierre de los pasos fronterizos y la declaración del estado de excepción en 13 municipios de los estados de Táchira y Zulia alegando que esas acciones forman parte de un plan para combatir a los grupos paramilitares y de contrabandistas que azotan la frontera de 2.200 kilómetros que comparten Venezuela y Colombia.
Venezuela resolvió cerrar de algunos de los pasos fronterizos a partir del 19 de agosto a raíz del ataque que sufrieron tres militares y un civil en la localidad de San Antonio de Táchira cuando realizaban labores de combate al contrabando y que el gobierno atribuyó a un grupo paramilitar colombiano. Las autoridades venezolanas también impusieron el estado de excepción por 60 días, prorrogable por otros dos meses, en 10 municipios de ese estado e iniciaron la deportación de más de 1.000 colombianos que residían en el país de forma ilegal.
Estas medidas desataron una crisis diplomática entre Caracas y Bogotá.
El gobierno colombiano anticipó que recurrirá a instancias internacionales para denunciar los maltratos a los que supuestamente han sido sometidos sus connacionales expulsados de Venezuela.
Según el gobierno de Bogotá, hasta ahora Venezuela ha deportado a unos 1.400 colombianos. Se calcula, sin embargo, que alrededor de 15.000 regresaron a Colombia por temor a represalias en territorio venezolano.
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