Una treintena de organizaciones humanitarias de América Latina denunciaron «prácticas estigmatizantes» y violaciones a los derechos humanos en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia y exigieron protección judicial para los deportados colombianos.
Las organizaciones no gubernamentales se pronunciaron sobre la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela y la decisión de este país de «deportar a al menos 1.097 personas de origen colombiano, entre ellas 220 niños, niñas y adolescentes», señaló el documento divulgado en Buenos Aires por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
«Consideramos que de manera urgente se deben revisar las medidas que implican el cierre de la frontera, habilitar los espacios institucionales o judiciales de control de las decisiones que se adopten y asegurar las garantías de debido proceso, de protección judicial y respeto al derecho a la vida familiar», indicó el comunicado.
Las ONG denunciaron que «durante las deportaciones se registraron prácticas estigmatizantes hacia los migrantes y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad».
Agregaron que esto «viola las garantías previstas por el derecho internacional para la protección de los derechos de los migrantes».
«Las deportaciones colectivas, la decisión del gobierno de Venezuela de declarar el estado de excepción en una zona fronteriza, el cierre de la frontera y la forma en la que se está controlando la zona son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos», advirtieron en el documento.
Sostuvieron que «la deportación es la más extrema de las medidas y tiene un enorme impacto personal y familiar», y que la declaración de un estado de sitio «jamás puede habilitar las deportaciones masivas o colectivas».
Reclamaron «que se habiliten de manera inmediata mecanismos de protección judicial frente a abusos y violaciones a los derechos humanos que las fuerzas (de seguridad) puedan cometer».
«Es necesaria la acción de los mecanismos de protección regionales e internacionales y de los espacios intergubernamentales», destacaron.
Señalaron que «las fronteras no pueden convertirse en espacios de tensión ni en germen de la xenofobia y la reproducción de la violencia».
