La indiferencia de la OEA ante la cuestión fronteriza colombo-venezolana -excepción hecha de su nuevo Secretario General, Luis Almagro- es una mancha que llenará de vergüenza a sus países miembros y signa la evidente incapacidad del sistema internacional nacido luego de la Segunda Gran Guerra del siglo XX para ser funcional a las realidades del siglo XXI, como las deportaciones en masa.
Puede alegarse, aun así, que por vez primera queda rota la aplanadora de votos que favoreciera a Venezuela, barriles de petróleo mediante, cada vez que se intentó encausarla por sus alevosas desviaciones antidemocráticas. Hubiese bastado que el gobierno de Panamá le diese su apoyo a la iniciativa colombiana, cumpliendo su palabra, para que una reunión de Cancilleres conociese de la “crisis humanitaria” generada por el presidente Nicolás Maduro en los territorios fronterizos. Pero ello no consuela.
Se trata de hechos que, como bien lo muestran las imágenes registradas, configuran la comisión por él y sus compinches de un típico crimen de lesa humanidad, tal y como lo dispone el artículo 7, numeral 1, incisos d), h) y k) del Estatuto de Roma; cuyo texto, a buen seguro, no se han leído Nicolás, su Canciller ni los militares que les siguen sin chistar bajo la idea de la “obediencia debida”, que de nada les vale según el artículo 33 del mismo instrumento.
Los gobiernos de la región, de por mitad, callan ante la comisión alevosa de un crimen de trascendencia internacional y que, de suyo, si las cosas fuesen normales, ofende a la conciencia moral universal. Y esto, justamente, es lo relevante.
Los lazos afectivos alrededor de y el sentido mismo de los valores éticos que fraguan sobre la tragedia del Holocausto y dan tesitura a los Estados y la comunidad internacional luego de 1945 -sujetando el orden constitucional de los primeros al respeto y garantía de la dignidad humana y a ésta forjándola como ente tutelar- por lo visto están disueltos. Nada, como parece, ata a nadie frente al dolor vecino. Y ello es grave y presagia mal.
Debo decir, además, que respeto pero no comparto en modo alguno la apreciación de Henrique Capriles, pues trivializa el tema y lo reduce a una provocación del binomio Maduro-Cabello; por lo que pide al presidente Santos enmendar su iniciativa de acudir a la Corte Penal Internacional o, junto a los expresidentes colombianos, no “pisar el peine”.
Lo ocurrido, como lo veo, desborda. Ya no se trata del desafío que, obviamente, le planta a Colombia la diarquía gobernante en nuestro país con un propósito netamente electoral interno, o acaso del golpe por banda que da en complicidad con las FARC y Cuba para elevarle a Santos el costo de sus negociaciones de paz, y agregarle a éstas el reconocimiento de la permanencia de la revolución bolivariana.
Si es o no un juego táctico, que algunos observan como el barajo o repartición de las cartas en un casino, lo veraz y diabólico es que se fue tan lejos que ahora resta el saldo la comisión de un crimen de lesa humanidad. Y tras de él bulle lo peor y más vergonzoso, como la colusión y el maridaje de nuestros militares con el narcotráfico y el crimen de contrabando. No es poca cosa.
Pero vuelvo a lo central, que no es anécdota ni cabe devaluar -antes bien ha de ser el eje central para un debate electoral pendiente y moralizador-: A manos de personeros del Estado venezolano ocurre otro crimen de lesa humanidad que se suma a la Masacre de Febrero de 2014, denunciada ante la Fiscalía de la CPI.
Un crimen de lesa humanidad, cabe ilustrarlo, ocurre, entre otras hipótesis, cuando da lugar a la deportación o traslado forzoso de población civil, su persecución fundada en motivos nacionales, y/o hacerla víctima actos inhumanos que intencionalmente le causen grandes sufrimientos. La razzia hoy supera con creces el millar de colombianos.
Si Maduro y Cabello han roto las amarras de la legalidad y la moral internacional, le violan derechos humanos a una colectividad como la colombiana por motivos discriminatorios y fútiles, hemos de apreciar que para éstos son bagatelas, en lo adelante, sus fraudes electorales, tener presos políticos, hacerle pasar hambrunas a los venezolanos, o criminalizar a la prensa libre.
Insólito es, en fin, que la Canciller de ese binomio diga que pedirá indemnización para los migrantes colombianos y olvide con liviandad la noción jurídica del estoppel: Nadie puede actuar contra su propio acto. Lo que vemos, no debe olvidarlo esta joven inexperta e hipócrita, tiene su origen un 10 de agosto de 1999. Ese día su Comandante Eterno, Hugo Chávez, pacta con las FARC y su narcotráfico y le ofrece como aliviadero el sagrado territorio de nuestra patria, hasta para el lavado de sus dineros criminales.
