Edgar Alexander Silva Aguilar, de 37 años de edad, falleció el miércoles cuando fue atacado por al menos cuatro antisociales, en el momento en que llegaba a su casa en el final de la calle 5 de El Roble, sector Simón Bolívar en el municipio Palavecino.
El hombre caminaba junto a su esposa e hija de cuatro años de edad, cuando los delincuentes comenzaron a dispararle.
Edgar también portaba una pistola y la desenfundó para defenderse pero en el intercambio de disparos falleció, mientras que su niña resultó herida cuando un proyectil la rozó en el área craneal.
Otras tres personas también resultaron heridas: Rosa Elena Colmenárez, de 32 años de edad; José Agustín Valero Escalona, de 19; y Héctor Antonio Medina Gutiérrez, de 27.
A su ingreso al Hospital Central Antonio María Pineda, los dos hombres dieron versiones distintas de los hechos, pero el Cicpc presume su vinculación al enfrentamiento y permanecen bajo resguardo policial.
Mientras que la mujer estaba en el porche de su casa cuando inició la balacera, pero no está vinculada.
Las causas de este hecho todavía no están esclarecidas, pero trascendió que podría tratarse de una venganza.
La víctima fue funcionario policial
Silva Aguilar perteneció a las filas del Cuerpo de Policías del estado Lara hasta el 26 de enero de 2011 cuando fue destituido por decisión del Consejo Disciplinario, la razón: alteración, falsificación, sustitución y forjamiento de actas y documentos.
El 30 de junio del año 2004 Silva Aguilar y otro compañero, ambos pertenecientes a la Dirección de Investigaciones y Apoyo Criminalístico (DIAC) detuvieron a dos personas por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la urbanización Los Pinos en Cabudare, pero los funcionarios falsificaron las respectivas entrevistas tomadas a supuestos testigos y eso trajo como consecuencia que el tribunal que llevaba la causa, otorgara sentencia absolutoria a los detenidos.
Fueron descubiertos durante el juicio a los imputados porque los supuestos testigos negaron haber sido entrevistados por los efectivos policiales y aseguraron que las firmas y huellas dactilares no eran suyas.
El Cicpc comprobó esta versión por lo que en 2007 el Cuerpo de Policías abrió un expediente administrativo y finalmente los destituyen cuatro años después.
