Su profunda preocupación por la violación de derechos humanos en la frontera con Colombia, que estaría afectando a ciudadanos de ese país con calidad de refugiados en Venezuela, expresó este miércoles el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
A través de un comunicado, la organización no gubernamental señaló que las acciones «arbitrarias» ejecutadas contra colombianos residentes en los municipios donde aplica el Estado de Excepción, no cumplen con las garantías establecidas en la normativa internacional para regular las deportaciones.
De acuerdo con el CDH-UCAB, las garantías y estándares básicos derivados de los tratados internacionales, que poseen un carácter perentorio, son la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros, el debido proceso, y el principio de igualdad y no discriminación, y la garantía del interés superior del niño y la protección de la familia.
En el texto la ONG recordó que en el caso específico de migrantes solicitantes de refugio y refugiados reconocidos, “se aplican todas las garantías mencionadas anteriormente, y a ellas se suma, la garantía absoluta de permanencia en el país, conforme al Principio de no Devolución (non-refoulement), cuya protección implica que ninguna persona solicitante de refugio o refugiada reconocida por el país asilante, podrá ser devuelta a su país de origen o residencia anterior, cuando su vida, seguridad o integridad estén en riesgo”, precisó el comunicado.
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