Según la Ley de las Comunas, el ámbito geográfico donde se constituya la Comuna, podrá coincidir o no con los límites político-administrativos de los estados, municipios o dependencias federales, sin que ello afecte o modifique la organización político-territorial establecida en la Constitución de la República. Todo esto ha sido criticado por algunos gobiernos locales que perciben en el espacio de la comuna una invasión o amenaza a la subsistencia de los poderes locales tradicionales.
Según la oposición política, la Comuna se concibe como una herramienta para sustituir progresivamente la institucionalidad municipal y estadal y sólo sirven para controlar y centralizar más el poder. Según ellos, la sustitución paulatina de las municipalidades por las Comunas sólo trae como consecuencia que se eliminen los contrapesos de poder local, con lo cual el poder central consigue menos obstáculos para el control absoluto.
Critican los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley de Comunas, que consagran que la Comuna tiene por objeto desarrollar e impulsar la propiedad social y el modelo socialista de estado. Desde su perspectiva, las Comunas serán controladas por el gobierno central, para ello citan los artículo 64 y 65, los cuales señalan que el Ministerio con competencia en materia de comunas, dictará los lineamientos estratégicos para la constitución de las comunas y acompañará a las instancias del poder popular en el cumplimiento de sus fines y propósitos, facilitando su articulación y sus relaciones con los órganos y entes del Poder Público.
El 17 de diciembre del 2009, el diputado de la Asamblea Nacional Aristóbulo Istúriz (PSUV), planteó que «desmontar» las alcaldías y gobernaciones es un paso indispensable para el avance efectivo del proceso de cambios socialistas en Venezuela y la conformación del «Estado comunal». Esas afirmaciones reavivaron entonces las denuncias de la oposición sobre la presunta intención oficialista de eliminar los gobiernos regionales y municipales para instaurar el comunismo, lo que, a su vez, provocó la reacción del presidente, Hugo Chávez, quien desmintió al diputado y se preguntó: «¿A quién se le puede ocurrir que nosotros vamos a acabar con las alcaldías (…), las gobernaciones?», y agregó que, por el contrario, el proceso socialista requiere que esas instancias sean «de verdad sólidas y democráticas». (http://informe21.com/aristobulo-isturiz).
Estos son algunos de los peligros que debemos evitar, es una amenaza permanente ya que por un lado desde el interior, desde las localidades y municipios existen estructuras de poder que difícilmente van a ceder sus espacios. Ya sean los tradicionales poderes económicos y políticos que obstaculizarán cualquier debilitamiento y disminución de sus dominios o lo peor aún aquellos que a pesar del discurso político a favor del poder popular y el socialismo no desean perder la cuota de poder alcanzada en estos últimos años.
Nos referimos a los nuevos concejales, a los alcaldes, a los jefes de parroquias que ven en la comuna y el poder popular un enemigo, que no aceptan que tarde o temprano tendrán que ceder buena parte o la totalidad de su poder a este poder popular, si realmente queremos transformarnos en una sociedad socialista. Pero también nos referimos a aquellos nuevos líderes comunales que embestidos del poder popular reproducen el viejo modelo político administrativo y se consideran una especie de “concejales en pequeño” y más aún de unas estructuras comunales que se convierten en parasitarias del estado venezolano y al final reproducen las viejas juntas de vecinos de la cuarta república.
