El gobierno venezolano inició un censo en municipios fronterizos en los que se mantiene un cierre indifinido de la frontera con Colombia y donde persiste el estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro, según la gaceta oficial divulgada este lunes.
«Se crea el Registro Único para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera, con la finalidad de recabar y proporcionar información actualizada (…) la cual permitirá elaborar estadísticas oportunas y confiables que orienten la toma de decisiones», dice el decreto 1.959.
El censo recaba datos sobre «población, viviendas, establecimientos comerciales e industriales, infraestructura, servicios públicos, actividades económicas y áreas agrícolas».
La medida opera en seis de los 10 municipios del estado Táchira sujetos al estado de excepción decretado el pasado 21 de agosto por el presidente Maduro, que prohíbe el porte de armas y las «reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas» y que permite allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial.
El pasado 19 de agosto, Maduro ordenó el cierre de algunos pasos fronterizos, tras lo cual se deportó a un millar de colombianos (de los más de 5 millones que viven en Venezuela).
La decisión fue tomada tras un ataque a militares venezolanos, ocurrido días atrás en medio de una operación anticontrabando en el estado venezolano de Táchira y que el mandatario atribuyó a «paramilitares colombianos».
La crisis se profundizó aún más el pasado jueves, cuando ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en medio de denuncias de violaciones de derechos humanos de los damnificados.
La semana pasada, en cadena nacional de radio y televisión, Maduro pidió a sus partidarios «buscar a todos los colombianos trabajadores y honestos» que residen en el país y crear un «movimiento bolivariano de colombianos en Venezuela para defender la soberanía y la paz».
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 km, en la que ambos denuncian la actividad de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos altamente subsidiados por el gobierno venezolano.
La crisis diplomática se tratará este lunes en el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el próximo jueves en una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito.
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