Los productores y campesinos de Yaracuy que se dicen afectados por el desalojo “arbitrario” de las tierras que ocupan y producen desde hace cuatro años, se trasladaron este martes a la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI) del estado Yaracuy para exponer su situación y solicitar respuestas.
Como lo informó este rotativo, los trabajadores de la tierra aseguran que cuentan con una orden de ocupación emanada por el INTI en abril de 2014 y no se explican por qué están siendo desalojados “con el aval del secretario de Seguridad Ciudadana de Yaracuy, supuestamente por orden del propio ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil”.
José Luis Carrillo, uno de los productores que lucha por la tierra, dijo vía telefónica a este rotativo que en horas del mediodía sostuvieron una reunión con funcionarios del INTI. Tras el encuentro, se trasladaron al predio identificado como Finca La Giralda, en el sector Taparito, Cola de Pato, en el municipio Bolivar, para realizar una inspección y constatar el estado de las siembras que según los campesinos tenían en 60 hectáreas, con rubros como maíz, caraotas, yuca, ocumo, plátano, tomate, ají, entre otros.
La inspección culminó cerca de las 6:00 de la tarde y los funcionarios determinaron “pérdida total de la siembra” y le informaron a los campesinos que el hecho obedeció al ingreso de 700 toros en el predio. “También nos explicaron que las gallinas y las cabras que teníamos en esas tierras murieron; además nos dañaron 2.400 metros de manguera y le sacaron el motor al tractor”.
La siguiente medida será la introducción de un recurso de amparo ante la Fiscalía.
Según Carrillo gran parte de las 150 familias desalojadas el pasado lunes 24 de agosto, se encuentran viviendo en un galpón prestado. “Exigimos respuestas y respaldo del Ejecutivo regional y nacional. Este martes el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), se pronunció a favor de nosotros”.
Los productores y campesinos estaban preocupados por el destino de la siembra y por la pérdida de la inversión realizada en los últimos años.
El acceso a la finca se encuentra restringido. Carrillo alega que la orden que posee el presunto dueño de las tierras indica que los productores y campesinos debían ser reubicados, “no desalojados”.
