El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este miércoles que «los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela», a raíz de la crisis fronteriza que ha dejado un millar de colombianos deportados tras el estado de excepción decretado el viernes por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
«Los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo», dijo Santos en un foro organizado por la Universidad de Los Andes en Bogotá, en el que también participan, entre otros, exmandatarios de Costa Rica, Laura Chinchilla, de México, Vicente Fox, y de Chile, Ricardo Lagos.
«El desabastecimiento en los almacenes, en los supermercados, es peor que en Kabul o que en Siria», agregó Santos, en momentos en que continúa la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana por la deportación, desde el pasado viernes, de más de un millar de colombianos residentes en ese país.
El viernes entró en vigor un estado de excepción de 60 días decretado por Maduro en un sector de la frontera entre ambos países, motivado por un ataque de desconocidos la semana pasada que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos en la ciudad de San Antonio del Táchira durante una operación anticontrabando.
Maduro achacó entonces el ataque a «paramilitares colombianos» y, tras esta acusación, se produjeron deportaciones masivas de colombianos mientras otros intentaban atravesar la frontera esta semana con camas, neveras y diversos enseres a cuestas, por miedo a perder todo de ser expulsados por las autoridades venezolanas.
«Yo respeto el modelo de Venezuela en su parte económica y ellos deben respetar el modelo que tenemos nosotros», añadió Santos este miércoles.
Considerado por la ONU como el segundo país con mayor índice de homicidios del mundo, Venezuela afronta una crisis económica con alta inflación, devaluación del bolívar y escasez de dos tercios de los productos básicos -muchos de los cuales tienen sus precios controlados-, mientras se desploman los precios del petróleo, del que el país es altamente dependiente.
El estado de excepción, que podrá ser prorrogado por 60 días más, prohíbe el porte de armas y permite a las autoridades realizar allanamientos e interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial.
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