El movimiento de organizaciones de derechos humanos en Venezuela expresó su más profundo rechazo contra el reciente ataque proferido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra Provea y su ex coordinador nacional, Marino Alvarado.
La posición hace referencia a las declaraciones emitidas por Maduro el pasado viernes 21 de agosto, cuando dijo, entre otras cosas, que Alvarado es colombiano, agente pagado por el estado norteamericano, ex agente policial «infiltrado» en Bandera Roja, y que Provea es un partido político.
«Es importante recordarle al Estado que la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos consagra, de forma clara y precisa, la obligación de los Estados de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus medidas cautelares, informes y relatorías especiales para defensores de Derechos Humanos, ha expresado constantemente su preocupación por la persistencia de situaciones de amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, y por la creciente criminalización de sus actividades», manifestó la coalición a través de un comunicado.
Lo que ha dado lugar a la reacción oficial ha sido la evaluación hecha por Provea de las últimas acciones gubernamentales en materia de seguridad.
La ong ha señalado que el OLP «ha desencadenado graves violaciones a los derechos humanos y numerosas arbitrariedades, tales como detenciones arbitraras, ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas que han sido detenidas, y una campaña xenófoba contra la población colombiana que reside en nuestro país».
Vergonzoso acoso
Por otro lado, recordaron las ong´s que ya desde noviembre el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, arremete reiteradamente contra defensores desde su programa Con el Mazo Dando, por lo que creen que se trata de una «campaña de hostigamiento y criminalización».
«Estas campañas de criminalización y hostigamiento se hacen cada vez más frecuentes y se emplean ataques más directos contra defensores por realizar su labor», denunciaron.
La conducta demostrada por altas figuras del gobierno nacional ha sido condenada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por diversos órganos del Sistema Universal, señala el comunicado
