La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que fueron privados de libertad los hermanos René Eliécer y Jackson Alexander Pérez Vieira, por su presunta responsabilidad en la muerte de Antonio José Montesinos, padrastro del actor Ricardo Álamo, hecho ocurrido el pasado 04 de agosto dentro de su residencia en la urbanización Junko Country Club, en el kilómetro 19 de la carretera de El Junquito.
Durante el programa “Justicia y Valores”, transmitido por el circuito Unión Radio 90.3 FM, Ortega Díaz indicó que en la audiencia de presentación la fiscal 24° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Karen Duncan, imputó a los hermanos Pérez Vieira por los delitos de homicidio calificado en la ejecución de un hurto con alevosía y agavillamiento.
De igual forma, destacó la labor del Ministerio Público, de manera conjunta con todo el sistema de justicia penal, para garantizar repuesta oportuna.
La Fiscal General también lamentó la muerte de ocho mujeres por quemaduras y asfixia durante un incendio registrado el pasado domingo 23 de agosto dentro del geriátrico Chivacoa, ubicado en la urbanización Altamira del municipio Chacao.
Al respecto, dijo que fue designado el fiscal 27° del AMC, Heyker Campione, quien se encargará de dirigir la investigación y determinar si existió o no negligencia o malas condiciones del albergue donde se encontraban las víctimas.
Asimismo, dijo que se debe dignificar, respetar y asegurar las condiciones de vida de los adultos mayores, por lo que instó a velar porque en estos establecimientos se cumplan con las medidas necesarias de seguridad, higiene y protección.
Por otra parte, informó que este martes 25 de agosto se inició la audiencia preliminar en el caso de la muerte del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramzor Ernesto Bracho Bravo, ocurrida el 12 de marzo de 2014, durante los hechos de violencia registrados en el Distribuidor Mañongo del municipio Naguanagua, en Valencia, estado Carabobo.
En esta causa fueron acusados Antonio José Garbis González y Juan David Poletti Pérez, por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio calificado por motivo fútil en perjuicio de Bracho Bravo; y homicidio frustrado por motivo fútil en perjuicio del sargento de la GNB, Harold Humberto Warschau Vargas.
La máxima autoridad del Ministerio Público recordó por esas protestas violentas murieron 43 personas, entre ellos un fiscal de la institución; 878 lesionados y cuantiosas pérdidas a la propiedad pública y privada.
Respeto a la legalidad
En el espacio radial, Ortega Díaz abordó el tema del respeto, el cual se estimula y se reivindica en cada una de las actuaciones del Ministerio Público mediante el apego al ordenamiento jurídico venezolano.
Igualmente, resaltó que este valor se manifiesta desde la institución por medio de la garantía del debido proceso y la búsqueda de la justicia con la actuación expedita en cada caso que le corresponde participar.
Indicó que debido a esto, los fiscales deben caracterizarse por ser diligentes, actuar con probidad, transparencia y objetividad, así como respetar los derechos de las víctimas y de los imputados.
A propósito de la conmemoración el próximo 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Fiscal General recordó a las personas detenidas durante regímenes dictatoriales en Latinoamérica en la décadas de 1970 y 1980.
Explicó que muchas personas fueron torturadas y llevadas a lugares ocultos, por lo que unas 90 mil personas desaparecieron en Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, Haití, Uruguay, Argentina, Chile y Venezuela.
Señaló que en el país esta práctica fue constante, ejemplo de ello son los casos de Noel Rodríguez, Víctor Soto Rojas, Felipe Malaver, Alejandro Tejera, entre otros.
Ortega Díaz refirió que actualmente el texto constitucional prohíbe de manera expresa practicar, permitir y tolerar la desaparición forzada de personas.
Finalmente, dijo que el Ministerio Público se encuentra abocado a la tarea de ubicar los restos de muchos luchadores sociales desaparecidos entre 1958 7 1998.
