El sábado, cuando aún dormía en su humilde vivienda, mitad cemento y mitad latas de zinc, en el barrio de invasión Mi Pequeña Barina, en el municipio de San Antonio, la colombiana Gladys Navarro, su esposo y sus tres hijos fueron sorprendidos por las patadas que los miembros de la Guardia Nacional, armados con fusiles, les daban a la puerta y muebles.
Navarro, quien estaba en pijama, vivía en ese barrio desde hace 10 años, pero eso no les importó y la sacaron a empujones. Ni sus tres pequeños hijos se salvaron del supuesto “censo” que los uniformados dijeron iban a realizar y que se convirtió, en lo que los colombianos deportados han denominado “un plan de limpieza”.
El último reporte del Ministerio del Interior señala que hasta las 5: 00 a. m. de este martes ya hay 1.071 colombianos deportados (831 adultos y 241 menores), la mayor expulsión de connacionales por el Gobierno venezolano, lo que obligó a la alcaldía de Cúcuta decretar este lunes el estado de calamidad pública. La medida permite a la administración local acceder a recursos y ayudas inmediatas para afrontar la emergencia.
La misma redada del sector de Mi Pequeña Barina (estado Táchira) se extendió durante todo el fin de semana a las también invasiones de Ezequiel Zamora, La Guadalupe y El Ché Guevara, donde, casa por casa, y con la misma agresividad, ubicaron a los nacionales.
Yormari Castaño, residente del barrio Ezequiel Zamora, dice que la llevaron a un parque con sus dos pequeñas sobrinas. Allí, decenas de colombianos no entendían por qué los agrupaban, ni sabían qué pasaría con ellos.
La zozobra fue peor cuando los hombres de la Guardia empezaron a marcar con una R o una D las casas en las que llevaban varios años viviendo. No sabían qué significaba. Horas después se dieron cuenta de que las primeras habían sido “revisadas” y las segundas serían “demolidas”. “Aunque algunas que tenían la R también nos las tumbaron”, dijo uno de los refugiados en Cúcuta.
Los vecinos de Ezequiel Zamora, que vivían en un sector aledaño al río Táchira, aseguran que esas casas derribadas se las había regalado el hoy desaparecido presidente Hugo Chávez.
En medio del operativo, mientras estaban en el parque, los colombianos alcanzaron a ver cómo unos militares saquearon sus viviendas y las pertenencias que habían acumulado en los últimos años: motos, televisores y computadores fueron a parar a manos de los uniformados.
“Había niños, y eso no les importó, nos sacaron como perros”, dijo Yormari Castaño, quien contó que a su casa le pusieron la D.
Pero la redada, que se inició antes de la declaratoria del estado de excepción en la frontera, una medida posterior a la orden de cierre de 72 horas, fue el final de una serie de señalamientos y seguimientos que se vienen dando contra colombianos residentes en ese país.
Todo el sector de invasiones de San Antonio estaba focalizado por las autoridades como una zona donde residían, supuestamente, paramilitares, extorsionistas y contrabandistas.
Pero así como hay colombianos que fueron detenidos y deportados, también hay otros que cayeron en las redadas y sus familiares aún no saben qué pasó con ellos. Yuleima Rodríguez reveló que su hijo, de 27 años y quien padecía de discapacidad cognitiva, fue sacado de la casa a las 5 de la mañana del viernes, le pusieron una capucha negra y luego fue llevado a otro lugar, pero hoy no sabe nada de él.
A él y a otros siete hombres del sector, a los que también les taparon los rostros, las autoridades venezolanas los señalaron de paramilitares. “Trabajaba allá, tenía su casita, que se la desbarataron. Con decir que son ‘paracos’ los sacaron de allá”, dijo la madre.
Otros hombres colombianos, temerosos de ser señalados de delincuentes y de ser agredidos, decidieron escapar hacia Colombia antes de caer en manos de las autoridades venezolanas.
Un hombre de 30 años, que junto con su esposa trabajaba como costurero y que prefirió no dar el nombre, aseguró que tras conocer sobre la redada tomó la decisión de huir, el domingo, por una trocha y cruzar el fuerte caudal que tiene el río Táchira, junto al hijo de una vecina, un menor de 13 años, porque los mayores estigmas lo llevan los hombres. “Sí me hubieran detenido, no me iban a deportar, sino a meter preso, porque para esa gente los colombianos somos solo delincuentes”, dijo este connacional que hoy se encuentra en un albergue dispuesto en Cúcuta.
Sigue espera por 34 niños
Aunque este lunes regresó la tranquilidad para una madre colombiana deportada por Venezuela, que alcanzó a reencontrarse con sus tres hijos que se habían quedado en el país vecino, aún continúa el drama para los padres de otros 34 menores que aseguran que sus hijos por tener nacionalidad venezolana fueron puestos en poder de la Lopna.
Una de ellas es Candelaria Jácome. La mujer señala que su hijo, de 6 años de edad, le fue arrebatado por la Guardia Nacional cuando ingresaron a su casa en una de las redadas que desarrollaron en San Antonio.
La mujer que fue deportada pidió que no le fuera quitado su pequeño, a lo que las autoridades respondieron con una negativa señalando que “el chamito se tenía que quedar porque era venezolano, que los que se tenían que ir eran los colombianos”, dijo.
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