Caracas, 23 de agosto.- La organización no gubernamental Control Ciudadano afirmó que hay garantías constitucionales que no pueden suspenderse en un estado de excepción, tales como el derecho a la comunicación y el derecho al sufragio y al debido proceso.
A propósito de la medida decretada por el presidente de la República en los municipios fronterizos del estado Táchira, la Ong dirigida por Rocío San Miguel advirtió que el gobierno nacional debe respetar lo establecido en la Constitución nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De acuerdo con estos instrumentos consagrados en la legislación venezolana, no pueden ser restringidos, ni aún en un estado de excepción, los siguientes derechos.
El derecho a la vida, el reconocimiento a la personalidad Jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal, física, psíquica y moral, el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre.
Así mismo, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales, el derecho al debido proceso, el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública, y el derecho a la información.
OLP y prácticas represivas
Por otro lado, Control Ciudadano expresó su preocupación por las violaciones a derechos fundamentales que asegura vienen ocurriendo en el marco de la Operación para la Liberación del Pueblo.
«Los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional, han violado derechos humanos, a través de prácticas de confiscación y detenciones arbitrarias sin el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, además de haber incurrido en otras modalidades de violación de garantías, referidas al derecho al honor y a la comunicación, a la protección de la integridad, física, psíquica y moral de las personas, a la inviolabilidad del hogar doméstico, al debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas, el derecho a la defensa y el derecho a ser oído en cualquier clase de proceso», señaló un comunicado.
Todo esto, agrega, «sin menoscabo de la presunción que se tiene de haberse violado el derecho a la vida en ejecuciones cometidas contra personas que han sido calificadas por el gobierno como “delincuentes».
Preocupación
En el marco de estos antecedentes, Control Ciudadano exhortó al Gobierno venezolano y a la Fuerza Armada Nacional a «vigilar que las actuaciones a desplegarse en cumplimiento de este Estado de Excepción respete la Constitución, así como los tratados y pactos internacionales en la materia suscritos, para esta circunstancia».
Finalmente Control Ciudadano apela a las instituciones nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos a que eleven el máximo nivel de vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones que debe garantizar el Estado venezolano frente a un Estado de Excepción.
