El gobierno colombiano instaló el lunes un puesto en la localidad de Cúcuta para atender la crisis humanitaria provocada tras el cierre de la frontera con Venezuela impuesto por Caracas.
El puesto de mando fue instalado por la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó al diálogo para resolver el problema tras una reunión con el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Dijo que el mandatario expresó «su preocupación y la necesidad de incrementar soluciones que garanticen el procedimientos y los derechos de los colombianos en Venezuela. Son temas que son de particular interés para la OEA».
El gobierno colombiano dijo en un comunicado de prensa que en el puesto de Cúcuta han sido atendidas 751 personas, de las cuales 612 son adultos y 139 menores de edad que fueron deportados de Venezuela.
De ese total 514 personas han sido alojadas en albergues habilitados en Villa del Rosario, en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y a unos 400 kilómetros al noreste de Bogotá.
El presidente Nicolás Maduro ordenó el viernes el estado de excepción, que incluye el cierre de la frontera, después de que tres soldados resultaron heridos por hombres armados que, según el gobernante, pertenecían a pandillas paramilitares que operan en Colombia.
Aunque los agresores siguen prófugos, el incidente provocó una airada respuesta de Maduro, que envió 1.500 soldados a patrullar la zona en busca de contrabandistas y bandas colombianas a las que acusa de contribuir a la violencia y el extendido desabastecimiento en Venezuela.
En lo que va del año, de acuerdo con Migración de Colombia, han sido deportadas desde Venezuela 3.874 personas, sin las del último fin de semana. En 2014 fueron deportados de territorio venezolano 1.772 colombianos.
De acuerdo con el gobernador del estado suroccidental del Táchira, José Vielma Mora, hasta el momento hay un registro de 1.012 personas que hemos sido entregadas al Consulado General de Colombia. «La atención ha sido extraordinaria por parte de Colombia», dijo Vielma a Telesur.
El ministro Cristo dijo a la emisora local Blu Radio que en el caso del cierre de la frontera por parte de Venezuela el gobierno colombiano actúa con firmeza pero con prudencia.
«No podemos generar un clima de mayor confrontación que termine afectando fundamentarme a los habitantes de la frontera», enfatizó.
La Defensoría del Pueblo rechazó las medidas de expulsión de colombianos desde Venezuela «pues más allá de las disposiciones administrativas y legales autónomas de cada nación, existen circunstancias que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, como ha ocurrido en este caso».
Vielma Mora rechazó las acusaciones de malos tratos a los deportados, que The Associated Press no pudo verificar, y afirmó que ni una sola familia se había visto dividida y todos los deportados fueron tratados con respeto.
Un miembro del gobierno colombiano que sigue de cerca la crisis señaló que si bien la situación es tensa, no hay muchos indicios que apunten a que el trato de las autoridades venezolanas a los deportados violara las convenciones internacionales. El miembro del gobierno, que no estaba autorizado a comentar el tema en público y habló bajo condición de anonimato, dijo que la mayoría de los deportados vivían sin permiso en Venezuela y probablemente participaban en actividades de contrabando.
Está previsto que los cancilleres de ambos países se reúnan el miércoles para intentar resolver la crisis.
