Bachelet defiende despenalizar el aborto en ciertos casos

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La presidenta de Chile defendió el domingo un proyecto presentado por su gobierno para despenalizar el aborto, en caso de tres supuestos: violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto.

«Aquí hay una conversación de cosas no dichas: en Chile hay aborto, hay abortos clandestinos», dijo Michelle Bachelet en una entrevista al programa «Políticamente Humanas» de radio La Clave.

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«La gente que tiene recursos lo hace en buenas condiciones y la gente que no tiene recurso lo hace en malas condiciones y con riesgo para la salud de la mujer de poder morir incluso», continuó Bachelet, afirmando que un 70% de la población aprueba la despenalización del aborto en los tres supuestos, según afirman las encuestas.

«Estamos hablando de la dignidad de la mujer», agregó la mandataria. «Nos estamos haciendo cargo de un problema de salud pero también de derechos de la mujer para alguna de las cuales mantener el embarazo en esos tres casos puede ser extremadamente doloroso», enfatizó.

Chile es uno de los menos de 10 países en el mundo que prohíbe interrumpir el embarazo en todos los casos. Actualmente el proyecto está siendo debatido en el Congreso y es una de las propuestas más polémicas presentadas por el gobierno en un país donde casi tres cuartos de la población se declara católica.

La medida pasa a votación en las dos cámaras, donde probablemente enfrentará una fuerte oposición a pesar de que los seguidores de Bachelet tienen mayoría en el Congreso.

Chile legalizó el aborto por razones médicas en 1931. Al presentar el proyecto en marzo, Bachelet recordó que el aborto terapéutico estaba permitido en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando se abolió de forma arbitraria poco antes de que abandonara el poder, en 1989.

Aunque no hay cifras oficiales, cálculos del sector de la salud hablan de que en el país se producen anualmente entre 100.000 y 140.000 abortos clandestinos.

La cuestión del aborto ha generado un debate polarizado en el país en los últimos meses. En diciembre del año pasado la entonces ministra de Salud, Helia Molina, se vio obligada a renunciar a su cargo tras declarar a un periódico que «en clínicas cuicas (ricas) muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas».

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