El miércoles 19 de agosto Alicia Castillo se acercó a la sede de EL IMPULSO, para contarme la situación por la que está pasando actualmente.
Esta dama tiene aproximadamente 30 años viviendo en una casa de su propiedad en la calle 33 entre carreras 30 y 31, al lado de una ferretería y un negocio de artículos de seguridad industrial. “Esa ferretería se ha encargado de hacerme la vida imposible desde hace trece años”. Relata que los encargados del local utilizaban el frente de su casa para cargar y descargar mercancía y materiales, para botar basura y como estacionamiento, incluso llegó un momento en que dañaron el piso. Cabe resaltar que una empresa de este tipo debe realizar estas actividades de carga y descarga en un área destinada para ello que sea de su propiedad, no en espacios públicos.
“Yo les pedía que por favor no hicieran eso ahí, pero como no me prestaban atención, empecé a denunciarlos públicamente y en distintos organismos”. Acudió a la Policía Municipal, la Alcaldía, la Prefectura, la Defensoría del Pueblo, al Ministerio para la Mujer y a un tribunal, en el que se hizo una audiencia gracias a la cual se prohibió a los dueños de la compañía realizar esas actividades frente a la vivienda de Castillo. “También hablé con el Consejo Comunal Gran Mariscal Antonio José de Sucre parte baja, el cual se fue en mi contra y me han difamado por distintos organismos” agrega.
Sin embargo, no se prestó atención a esta orden pues las actividades frente a su casa continuaron. “Luego fui al SENIAT y averigüé que ellos tenían 30 años sin pagar impuestos” continúa, por lo que los fiscales de este organismo se apersonaron en la ferretería y la cerraron, hace aproximadamente seis meses.
“He tenido seis meses de paz, pero el problema es que ahora esa gente está remodelando el local para abrir otra vez y tienen mercancía acaparada ahí. Quieren echarle tierra al caso y hacerse los locos con la deuda que ellos tienen. Hasta me dijeron que no hay pruebas de que ahí había un negocio, porque los papeles de cuando los sancionaron y cerraron hace seis meses, están desaparecidos”.
La señora Castillo pide primeramente, hacer este caso del conocimiento público. Segundo, desea que no se ignore la deuda que esta empresa supuestamente tiene con el SENIAT y que hasta ahora no ha sido cancelada. Teme que al abrir las puertas de nuevo esta ferretería, los problemas comenzarán otra vez; asegura que los dueños están “apadrinados” y que por eso, hacen lo que quieren. Adicionalmente, pide se haga una revisión de los materiales que presuntamente tienen allí acaparados.
La convivencia ciudadana es un asunto que nos compete a todos y empieza por lo más sencillo: respetar. No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Reglas muy sencillas y conocidas, pero a veces olvidadas. Tengamos presentes estas normas, a fin de evitar este tipo de conflictos.
