La corrupción es un fenómeno que se ha generalizado en América Latina, una región que no está preparada para enfrentarla pese a la existencia de leyes para combatirla, manifestaron especialistas este miércoles en Panamá.
«Hay una corrupción generalizada en nuestra región y no estamos preparados adecuadamente para luchar contra ella», dijo a periodistas el peruano Carlos Hamann, consultor para la prevención del blanqueo de capitales y fundador en su país de la Unidad de Inteligencia Financiera.
«El último año en América Latina ha sido claro en demostrar que el problema (de la corrupción) existe, que es real y que lo que podamos estar haciendo en distintos lados no alcanza», añadió el uruguayo Ricardo Gil, director de proyectos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Hamann y Gil abordaron el tema durante un congreso regional sobre corrupción y lavado de activos organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
Señalaron que la corrupción se propaga debido a la presencia de intereses políticos que evitan o dificultan las investigaciones a través de artimañas legales.
Además, muchos ciudadanos se han acostumbrado al pago por favores a los funcionarios debido a una falta de educación cívica, el exceso de burocracia administrativa y la sensación de impunidad, según estos especialistas.
«En algunos países tenemos las normas pero lo que tenemos que hacer es que se apliquen y se cumplan» y que de «inmediato» se meta «preso» a los acusados de corrupción, dijo Hamann.
En el último año, casos de corrupción y nepotismo han salpicado a varios presidentes latinoamericanos cuyos gobiernos se han visto cuestionados por escándalos.
Sin embargo, los expertos manifiestan que la corrupción es global y no sólo se da en América Latina.
La corrupción «se ha globalizado porque ya no se trata de que funcionarios o empresarios se queden en el país donde hacen el acto corrupto», dijo Rosendo Miranda, exfiscal panameño contra la corrupción.
Ahora los corruptos tienen la facilidad de «manejar inversiones por muchos países al mismo tiempo», lo que «ayuda a disfrazar o encubrir el origen real de los fondos» ilícitos, añadió Miranda.
Los gobiernos de Dilma Roussef (Brasil), Ollanta Humala (Perú), Juan Orlando Hernández (Honduras), Otto Pérez (Guatemala), Cristina Kirchner (Argentina), Enrique Peña Nieto (México) y Michelle Bachelet (Chile) han enfrentado en el último año manifestaciones, algunas de ellas multitudinarias, por acusaciones de corrupción contra sus funcionarios.
