Desde que el gobierno colombiano y las FARC iniciaron las negociaciones en Cuba para alcanzar un acuerdo de paz han disminuido las agresiones contra la población civil, aseguró el miércoles Naciones Unidas.
«Con el inicio de las conversaciones de paz en noviembre de 2012 el desplazamiento masivo se redujo un 27% comparado con los 32 meses anteriores a la negociación», explicó en rueda de prensa en Bogotá Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia.
Hochschild hizo hincapié en que durante ese mismo período disminuyeron también las víctimas por minas antipersonales y el secuestro, aunque al menos 17.000 personas fueron desplazadas cada mes.
Durante su intervención el diplomático destacó los cinco ceses unilaterales del fuego dispuestos por las FARC en los últimos casi tres años.
De acuerdo con Hochschild, aunque frágiles, estos altos el fuego «han tenido un impacto positivo incluso en la muerte de integrantes de la fuerza pública». Agregó que «hay una disminución muy importante (de las acciones armadas) en los últimos 30 días».
Sin embargo, Hochschild advirtió que el conflicto con la guerrilla no es el único generador de necesidades humanitarias en el país. De hecho, desde noviembre de 2012 casi un 50% de los desplazamientos masivos fueron ocasionados por otros grupos armados ilegales como las llamadas bandas criminales, que generalmente se dedican al narcotráfico.
Según el informe «Tendencias Humanitarias y Paz» realizado entre noviembre de 2012 y junio de 2015, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios contabilizó un poco más de 648.000 víctimas del desplazamiento forzado. Durante el mismo período registró 1.924 acciones bélicas por parte de las guerrillas y las fuerzas del orden.
El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que aunque pretende bajar la intensidad del conflicto, por ahora no está entre sus planes declarar con las FARC un cese bilateral del fuego.
Consultado sobre el asesinato en Colombia de defensores de derechos humanos, Hochschild indicó que la oficina a su cargo tiene registrados 69 casos entre líderes sociales, comunitarios y políticos.
«Eso es muy alarmante porque a la misma fecha el año pasado fue 35. Eso quiere decir que este año la tendencia está por doblarse y eso es un retroceso muy importante, muy lamentable en términos de protección a líderes sociales», sostuvo.
