Después de años de relativa calma social, Ecuador volvió a un estado de agitación permanente con cierres de rutas y protestas indígenas contra el presidente Rafael Correa, que en una semana dejan casi 100 heridos y decenas de detenidos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la principal organización indígena opuesta a Correa, que en el pasado fue capaz de tumbar gobiernos con sus movilizaciones, volvió a hacer a sentir su fuerza.
En las carreteras, obstruidas con enormes piedras y árboles talados, indígenas enfurecidos enfrentan a policías y militares que a punta de gases lacrimógenos y escudos protectores buscan despejarlas. En ciudades como Quito las marchas diarias se multiplican, unas más concurridas que otras.
Parece una imagen del pasado convulso de Ecuador, pero es el presente, al que el país deberá habituarse si el gobierno de Correa -advierte un líder indígena- no anula leyes o iniciativas que en la práctica le han restado poder a los nativos para controlar la educación, el agua y la tierra en sus territorios.
«El levantamiento va a continuar, ya estamos levantados, no vamos a arrodillarnos, a sentarnos siquiera. Si hay que descansar un poquito para volver con más fuerza» lo haremos, señaló el martes a periodistas Carlos Pérez, dirigente de Ecuarunari, grupo que aglutina a indígenas quichuas.
Junto con esos reclamos hay uno en el que confluyen indígenas, sindicatos y opositores de derecha: el archivo de la enmienda constitucional que debe aprobar en diciembre el Congreso, de mayoría oficialista, y que permitiría a Correa postularse a un nuevo mandato en 2017.
Esta agitación no había sido experimentada por este gobierno de ocho años, pero que se explica por el difícil panorama económico que enfrenta el país, con la caída del precio del petróleo y de la competitividad de las otras exportaciones ecuatorianas, a causa de la apreciación del dólar, la moneda adoptada por Ecuador.
