Cuidado con los deseos porque pueden hacerse realidad, advierten expertos: los llamados a la salida de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, pueden costar caro a esta potencia democrática que conquistó con dificultad la estabilidad en los últimos 20 años.
Casi un millón de brasileños salieron a las calles el domingo por tercera vez en seis meses al grito de «¡Fuera Dilma!», reclamando su renuncia, nuevas elecciones o el ‘impeachment’ (juicio político) de la exguerrillera de 67 años que comenzó su segundo mandato hace menos de ocho meses.
Las razones del pedido son múltiples: la economía está de capa caída hace cuatro años -2015 cerraría con una contracción de 2%, y se prolongaría hasta 2016, según el último pronóstico de los analistas-, la inflación llega a casi 10%, el desempleo ha subido, los salarios han caído, el real ha perdido un cuarto de su valor frente al dólar.
Muchos brasileños sienten que Rousseff les mintió en la campaña electoral, prometiendo gastos sociales y criticando la agenda conservadora de sus rivales, para comenzar a implementar un duro ajuste inmediatamente después de ganar.
«Está muy bien que la gente salga y proteste y hasta que pida la salida de la presidenta, pero ¿para poner a quién? El presidente de la Cámara Baja [Eduardo Cunha] está siendo investigado por corrupción y la verdad es que por ahora no apareció nada concreto contra Dilma», dijo a la AFP André Perfeito, economista jefe de la consultora Gradual Investimentos en Sao Paulo.
Cunha es el enemigo más poderoso de Rousseff en el Congreso y, como presidente de la Cámara de Diputados, tiene la llave para dar luz verde a un eventual proceso de juicio político.
«Un remedio muy amargo»
El ambiente político y social está también fuertemente contaminado por un gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras -el mayor en la historia del país- que salpica al oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y a varios de sus socios en la coalición de gobierno.
Y aunque Rousseff dirigió el consejo de administración de Petrobras entre 2003 y 2010, no ha sido acusada de ningún delito.
La presidenta sí es acusada de manipular las cuentas públicas y de financiar su campaña electoral con fondos ilegales, dos asuntos que son investigados y que podrían conducir a un ‘impeachment’. Pero éste debe ser aprobado por dos tercios de la Cámara de Diputados y requiere un proceso especial en el Senado.
La mandataria fue electa con un 52% de los votos, pero hoy su gestión es aprobada por solo un 8% de la población. Un 66% dice apoyar su juicio político, según la encuestadora Datafolha.
Pero cuidado, a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, advierten analistas.
«El impeachment puede ser un remedio muy amargo, y los efectos colaterales muy penosos» y «traumáticos», dijo a la AFP Michael Mohallem, experto en política y derecho de la universidad privada Fundación Getulio Vargas (FGV).
«La clase media quiere sacarla del poder de cualquier forma, pero nuevamente, ¿para qué? ¿para llamar de nuevo a elecciones? En el empresariado y en la élite existe la idea de que su salida sería aún peor», estimó el economista Perfeito.
La prensa brasileña parece tener ahora la misma opinión: después de haber publicado un fotomontaje con la cabeza de Rousseff en una bandeja, ahora defiende en editoriales que la mandataria termine su mandato.
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