María visitó una zapatería y vio unos botines en un precio. A los cuatro días regresó y ya costaban 700 bolívares más. Su reacción fue de frustración.
Lo mismo le ocurrió a José con una malla de alfajor para construcción y a Ana con una lata de tomates para salsa.
Mercedes es comerciante de pinturas para el hogar. Vendió los últimos galones a precio del pasado año, porque califica el remarcaje de precios como indebido, además que teme por alguna fiscalización. No obstante, el dinero obtenido le resulta insuficiente para reponer la mercancía.
Similar situación es la de Juan, quien en un viaje compró ropa para vender. El cálculo de los precios no lo hizo a Bs. 12,30, como pagó el dólar, sino a Bs. 200. Pero lo obtenido con la venta no le permite reponer mercancía en Venezuela.
Entonces, ¿en qué radica la justicia? ¿en fijar un precio que protege al consumidor o en un constante aumento que permita a los comerciantes, al menos, reponer la mercancía y mantenerse en el mercado?
La inflación afecta a todos por igual y la crisis comercial, nace de la inestabilidad de un mercado, que debido a múltiples tasas de cambio y una notoria escasez de divisas, ni siquiera permite al empresario diseñar un presupuesto real.
Así lo explicó el economista y director de Ciencias Económicas de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Juan José Pérez, para quien “uno de los problemas fundamentales de la economía es la intervención de entidades gubernamentales en la fijación de los precios”, puesto que esta posee un modo natural de regulación, el cual nace del acuerdo de pago y precio entre vendedores y compradores.
Actualmente están regulados cerca de 264 productos, que incluyen alimentos, higiene y algunos artículos de construcción. Inicialmente, en febrero de 2003, fueron 18 productos, luego pasaron a 24 y la lista se ha incrementado a partir de los tamaños y presentaciones de estos bienes.
“Cada vez que los gobiernos han intentado fijar arbitrariamente los precios, el producto termina en escasez”, comentó Pérez, para quien la intención del Ejecutivo es que los productores disminuyan la ganancia, desestimulando entonces la producción.
A esto agregó que tras la escasez de productos, se presentan procesos inflacionarios y viceversa, lo que afecta finalmente la sociedad. Apuntó que por la misma inflación, el Gobierno incrementa salarios y se inicia un círculo vicioso complejo.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, manifestó que “el control de precios no ha funcionado y no funciona ni para la industria ni para el comercio… Cuando se obliga a alguien a producir a pérdida, producirá menos de su capacidad instalada…Produce menos porque gana menos”.
Pérez acotó que si bien es positivo que el Gobierno supervise algunos aspectos del proceso comercial, es “inadmisible” la intención de total control sobre estos, ya que “termina por anular la iniciativa privada”, además de la inventiva y competencia entre los mismos productores.
Mientras dicho modelo económico no cese, continuará entonces el deterioro, no sólo monetario sino social.
La realidad del control
Al consultarle al también docente de la UCLA si el control de precios es una medida posible de aplicar a precisión, bajo toda circunstancias y previendo las múltiples variables implicadas en el proceso de producción, acotó que esta medida es “más ideológica que económica”. Sin embargo, podría establecerse en un país sin inflación y sin el constante aumento de los costos.
Se preguntó: “¿cómo podría estar el Gobierno en capacidad de conocer el valor de todos los repuestos de un carro de más de 7.500 piezas, o de una maquinaria para la producción de una empresa?”
Comparó dicha idea con las particularidades de los productores y zonas de producción. Por tanto, acotó que es imposible tal control.
“Aquí tenemos que esperar a que llegue la Sundee, para que actualice los precios y, por eso quedan rezagadas las plantas, que no están dispuestas a sacar productos con precios viejos… Más tarda en acudir el ente, que en la empresa en producir bajo costos actualizados”, subrayó.
Sobre este respecto también fue consultado el abogado especialista en derecho mercantil, José Canova, quien comentó que “es carente de toda lógica, que exista control de precios en unos productos y en otros no, puesto que para la producción de determinados artículos se requiere de diversos elementos”.
Concordó con Pérez al señalar que la responsabilidad de la fijación de precios es propia del mercado, producto de la interacción “perfecta” entre la oferta y la demanda, sin incidencias externas.
Iniciar con el control
El director de Ciencias Económicas de la UCLA indicó que el 70% de los productos consumidos en Venezuela son importados o tienen componentes de importación, por lo cual es preciso revisar y sincerar el precio del dólar.
Calificó el precio de Bs/$ 6,30 como “ficticio e irreal”, puesto que si bien puede ser un valor en papel que funciona para la contabilidad oficial, no es lo mismo para el resto del comercio.
A esto atribuyó que exista la fijación de precios de productos, los cuales son “inexistentes”, como el valor del kilogramo de carne roja menor a Bs. 200.
Al consultarle a Ramos sobre las consecuencias del mercado paralelo de dólares como referencia, apuntó que el comercio y los servicios son vitrinas o el último eslabón para que el bien o servicio llegue al consumidor final.
“Nosotros, en la mayoría ni importamos ni producimos, por lo cual dependemos del precio al que podamos comprar”, porque si el importador adquiere la mercancía a un dólar costoso, lo venderá a ese, pero si se trata de un dólar subsidiado venderá al precio resultante.
Medida ideológica
“El control de precios es netamente ideológico. Podría no estar cargado de malas intenciones, bajo la presunción de que el libre mercado promueve la explotación y beneficios para el empresario, quedando los consumidores desprotegidos. Pero destroza el incentivo a producir y genera escasez”, comentó Pérez.
Al consultarle si dicha medida ha generado un control o, por el contrario, un descontrol del sector económico, manifestó que “existen ambos porque si se vende a precio viejo y el siguiente lote es más costoso, se corre el riesgo de no reposición”.
Canova agregó a esto que el Gobierno conoce los efectos de su práctica, pero lo aplica para obtener el control de los ciudadanos, que en la necesidad de subsistir, reciben las “dádivas del Gobierno, porque no hay más para consumir”.
En su opinión dicho sistema, sólo tiene como fin “el control político de las personas y no una mejora de la calidad de vida, como se ha querido hacer ver”.
Razón del precio
El remarcaje podría tener una justificación en la reposición del inventario, afectando así al consumidor, quien también se ve impactado, en su bolsillo, con la inflación
“En toda esta espiral, en la que cada quien incrementa el precio de los productos, que aumenta el precio de las divisas, salarios, alquileres y otros, el vendedor tiene que ajustar los precios. Pero el Gobierno no logra nada con una fijación arbitraría de estos, por debajo de los costos de producción” señaló Pérez.
Sobre el remarcaje en los precios, la presidenta de Consecomercio apuntó que es una práctica prohibida, pero se pudiese explicar con la reposición de inventario. “Cuando compro un producto a determinado tipo de cambio, pero tengo una variación de este, cada día, o cuando tengo múltiples tasas de cambio, se genera una distorsión”.
Ramos explicó que, dos años atrás, un millón de bolívares, a Bs/$. 6,30, eran más de $150 mil. Pero esta misma cantidad en moneda nacional a Bs/$. 199, son poco más de $5.000, es decir, $145 mil menos en mercancía. Si el monto se lleva a precio de mercado negro, la cifra será insuficiente incluso para los gastos de traslado.
“Hay que ser comerciante para poderlo entender, porque cuando uno es consumidor no lo comprende”, agregó.
Explicó que al comprar el producto se realiza una estructura de costos para el momento, pero también se estudia el porcentaje para la reposición, lo cual, en los actuales momentos es visto como un acto ilegal.
En tal sentido, apuntó que la variación de precios tiene como causa la inestabilidad presente en el mercado de cambio. “La distorsión al comprar un dólar a las distintas tasas afecta la adquisición de mercancía”.
Acotó que el Gobierno tiene la manera de saber quién tiene los dólares y a quién le venden, porque ese trámite no es anónimo, por lo cual podría hacer un seguimiento.
El profesor de la UCLA apuntó que recuperar la producción requiere de tiempo. No obstante, el Gobierno podría liberar algunos bienes, a fin de que se estimulen los sectores y aparezcan artículos en el mercado.
Así “aparecería el verdadero proceso comercial y se volvería transparente… Venezuela dejaría de estar metida en un mercado negro de subastas, donde se vende por conveniencia y a quien ofrezca más dinero, debido a la escasez”.
Canova acotó que no existen libertades económicas en Venezuela, a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), establece este derecho, así como el de la propiedad privada.
También recordó que el país carece de medios para la adquisición de divisas, producción y venta.
Consumidores afectados
El abogado Canova invitó a ver la problemática desde la perspectiva del consumidor, más que del productor, ya que el primero padece las consecuencias de que el segundo deje de generar bienes. “Si no hay oferta, nadie venderá nada, porque no hay incentivos para producir”.
Subrayó, por tanto, que no existe asidero alguno que justifique dicho control, ni siquiera la defensa de un precio justo, ya que el mismo sólo lo indica la dinámica de venta de quienes tiene el producto y están dispuestos a vender, junto a un segundo que muestre disposición y deseo de comprar.
Calificó la concepción de precio justo actual en Venezuela como un “eufemismo” y elemento de la propaganda del gobierno actual.
Canova, subrayó que la compra-venta, en sí misma está fundamentada en el acuerdo, puesto que el comprador no es sometido a presión alguna para la adquisición, al menos que existan factores como la escasez, que afecta la transacción.
“Si el gobierno presiona, el comerciante o productor deciden no vender o no producir y se presenta la falta del bien”. Por tanto, el efecto del control de precios es una limitación de la oferta.
Canova apuntó que esta fijación nunca será por encima del costo real, por lo cual el control en sí mismo representa una pérdida para el productor.
Agregó que esto violenta la libertad económica porque impide al productor vender la mercancía al precio al que está dispuesto, tras cálculos de producción.
