Al incluir a Venezuela en lista negra del narcotráfico y violación de Derechos Humanos, EEUU denuncia que “es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado”. Entre casos señala los de cubanos que trabajan en programas sociales de la misión Barrio Adentro, creada por iniciativa castrista en 2003 y que llegó a emplear 44.800 isleños entre ellos 22 mil son médicos, enfermeros, optometristas, técnicos y odontólogos.
Son obligados a trabajar largas jornadas, con salario infravalorado y reciben amenazas de retaliaciones si abandonan el programa. Venezuela ya tenía dos años consecutivos en una lista de observación que la comprometía a tomar medidas para impedir el tráfico de personas.
También acusa que mujeres venezolanas están sometidas a prostitución en islas del Caribe –Aruba, Curazao y Trinidad– y el trabajo forzado en el sector informal y el servicio doméstico de niños.
EEUU, importante socio comercial y primer importador de petróleo que aporta 31 millones $812 mil diarios a la Nación 750 mil barriles de crudo, tomó la decisión a tiempo que excluye a Cuba, país guía del régimen que nos desgobierna, de la lista de cómplices en el tráfico de personas. En el mes de marzo sancionó a siete altos funcionarios acusados de violar DDHH durante las protestas de 2014, que dejaron 43 muertes.
Sarcástico régimen militarista autedenominado socialista instaló en Academia Militar de la represiva Guardia Nacional, su propio plan de DDHH, paralelo a la llamada Operación de Liberación y Protección (OLP), que hasta el 11 de agosto causó 27 muertes. En sus acciones allana residencias y destruye bienes de familias pobres; detiene a millares de personas (solo en San Vicente de Maracay apresaron más de 900, además de 7 muertos) y realizan ejecuciones como las denunciadas en la Cota 905 de Caracas. Aquí agredieron a 350 familias con 200 niños, mujeres, embarazadas, ancianos, discapacitados.
Desde allí el Defensor (del régimen, no digamos del Pueblo), Tarek William Saab Halabi, manipula con su detención por horas y atropellos de la insurgencia de abril 2002, en las cuales fue defendido por ONG que ahora ataca. Ante fundamentadas acusaciones de EEUU, recurre al argumento de que “allá no hay Defensoría del Pueblo, ni Comisión de DDHH”. Señala que la estrategia es destruir nuestra democracia.
Después de embustes esgrimidos en informe presentado con siete años de retraso a la ONU, la Fiscal Luisa Ortega, en vez de ocuparse de actuales infracciones a DDHH, propuso incorporar el derecho a la verdad para averiguar entre 1958 a 1998.
Con su peculiar arrogancia, en Ginebra tuvo la desfachatez de mandar a «cerrar la boca» al funcionario que le expuso la violación de que fue víctima en cárcel la jueza María Lourdes Afiunus.
Ha debido avergonzarle réplica de la máxima autoridad institucional: “Aquí el único que puede mandar a callar soy yo”.
Quien llegó a decir que “antes, las mujeres tenían que entregar parte de su cuerpo para obtener un cupo en Universidad”, afirmó poseer documento de la misma magistrada donde niega la violación”.
Las acciones de guerra del régimen las justifican en que son recibidos con plomo por los atacados. El teniente Diosdado Cabello, exclama: ¡No sacaremos la bandera de la paz!
Es la que exhiben en los “territorios de paz”, a donde extienden el control de las cárceles, los denominados pranes.
Razón tiene el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo al afirmar que Venezuela “tiene un largo camino por recorrer en materia de DDHH».
Al margen. No hay bolsas, nos dice el expendedor del abasto, cuando nos suministra la compra. Pensamos en el calificativo que nos dan a todos.
