La Defensoría del Pueblo invitó a la gerencia de Hidrolara a dicha institución para que justificara los incrementos del servicio de agua en la entidad, y este miércoles en la tarde se reunieron con la representante de este ente, la doctora Elba Yris Rodil, la licenciada María de los Ángeles Guillén y el ingeniero José Gregorio Briceño, gerente comercial y gerente de operaciones de Hidrolara, respectivamente.
Rodil indicó que en su condición de garante para que exista una buena prestación de los servicios públicos como derecho humano para la sociedad, ha recibido un lote de denuncias de las comunidades en rechazo al incremento “exagerado, indiscriminado, permanente e inconsulto de Hidrolara relacionado con el suministro de agua”.
Precisó que la idea del encuentro de ayer, el cual no se concretó la semana pasada por la no asistencia de la hidrológica, es para agotar la vía de la conciliación.
“Contábamos con la presencia de los encargados del incremento de la tarifa del agua potable, pero llegaron quienes no tenían la información suficiente. Por ello se fijó otra reunión para el lunes, a las 8:00 de la mañana, en la Defensoría del Pueblo junto a voceros de las comunas, y se espera ese día venga el presidente de Hidrolara, porque se requiere tomar las respectivas decisiones del caso”, señaló.
Determinó que Hidrolara debe ceñirse para los cálculos técnicos a parámetros de la Ley Orgánicasobre la Prestación de Servicio de Agua Potable, en cuanto a su producción y distribución.
Por su parte, Luis Rodríguez, asesor técnico en el caso de incremento de tarifas y fallas del servicio de Hidrolara, presente en la Defensoría del Pueblo, informó a El IMPULSO que en lo que va de año Hidrolara aumentó el servicio en febrero en 30%, en mayo otro 30%, en junio 60% y tiene previsto un nuevo aumento para septiembre del 40%.
Desmintió la campaña de Hidrolara de que “sin luz no hay agua”, ya que el problema es la falta de mantenimiento de equipos desde 2009 por parte de la hidrológica.
Presunto negocio
Expuso que al gobernador le dicen “bachaquero del agua” porque tiene un presunto negocio de 240 cisterneros privados distribuidos en cinco cooperativas, que se surten del llenadero Jacinto Lara, a quienes, aparentemente, “les recibe miles de millones de bolívares clandestinamente por la venta de agua a humildes familias en diversos sectores de la ciudad que no cuentan con el servicio por tubería”.
Puntualizó Rodríguez que estos cisterneros son contratados por Hidrolara para que le lleven 3 viajes diarios de agua a comunidades entre 4:00 a.m a 9:00 a.m, a cambio de un pago promedio de 1.500 bolívares a los choferes, dinero que no cancela la empresa, sino el Gobierno nacional mediante recursos enviados a la Gobernación.
Explicó que a partir de esos tres viajes cumplidos, los cisterneros pueden seguir llenando unas cuatro veces hasta las 5:00 p.m, fuera de la contratación.
Explicó que los cisternas tienen una capacidad de 7.500 litros, equivalente a 37.5 pipas, y cada pipa la venden entre 200 y 600 bolívares, lo que genera a cada camión por los cuatro viajes 88.800 bolívares diarios, equivalente semanal a 532.800 bolívares, si todas las pipas las cobran a 600 bolívares.
“La Gobernación junto a cómplices internos de Hidrolara y en las operaciones tienen una red de camiones, sin contar el acostumbrado diezmo que dejan los propietarios”.
Afirmó que en zonas humildes Hidrolara hace creer que familias pagan módicas tarifas, pero al final cancelan mucho más, es decir, debido a esta amañada distribución para el llenado de pipas, caso denunciado en la Contraloría, Defensoría del Pueblo y Consejo Legislativo de Lara.
