La medida de arresto domiciliario que otorgaron al dirigente Daniel Ceballos fue recibida favorablemente en el país, pero la oposición dice que espera el cese de las inhabilitaciones y la liberación de todos los presos políticos para restablecer la normalidad de cara a las elecciones parlamentarias.
El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, consideró como un «gesto» la medida cautelar que se acordó a favor de Ceballos, exalcalde de la ciudad suroccidental de San Cristóbal, pero sostuvo que es una acción «insuficiente» para restablecer la normalidad en la vida política venezolana.
Un tribunal local otorgó la víspera a Ceballos, de 31 años, una medida de arresto domiciliario, en lugar de estar encarcelado mientras hace frente a un juicio por el delito de rebelión por su supuesta vinculación con las violentas protestas que se registraron el año pasado en San Cristóbal.
El dirigente fue trasladado la noche del martes por los cuerpos de seguridad desde una sede de la policía política donde permanecía preso hasta un edificio en el este de la capital donde cumplirá el arresto domiciliario.
La Fiscalía General indicó que el tribunal otorgó la medida a Ceballos por «razones de salud», pero no ofreció detalles.
Torrealba dijo a The Associated Press que para que se «optimice» el clima político en el país de cara a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre el gobierno debe «desistir de las inhabilitaciones y desistir de las maniobras judiciales contra los partidos».
El dirigente indicó que en el caso de Ceballos se logró «un paso a la libertad», pero insistió en que la «casa por cárcel sigue siendo cárcel», y abogó porque se le otorgue la libertad plena al exalcalde y al resto de los «presos políticos», que la coalición estima que alcanzan a 82.
La medida acordada favor de Ceballos se da a escasas semanas de las decisiones que acordó la Contraloría General contra el exalcalde y otras prominentes figuras opositoras como la excongresista María Corina Machado y el exalcalde Enzo Scarano, quienes fueron inhabilitados para participar como candidatos en los comicios legislativos.
Las inhabilitaciones animaron las tensiones en el país suramericano e incrementaron las críticas desde el exterior contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El politólogo venezolano y analista internacional Carlos Romero dijo que la medida otorgada al exalcalde mejora la percepción del gobierno en Venezuela y el exterior, pero sostuvo que la administración de Maduro llegó a esa medida por una «fuerte presión por parte de diversos sectores internacionales y también de sectores nacionales», y las diligencias de la Iglesia católica.
Venezuela se prepara para las elecciones legislativas en medio de una compleja crisis económica caracterizada por una galopante inflación y severos problemas de desabastecimiento de algunos alimentos, medicinas y otros productos básicos.
Maduro ha acusado a la oposición y los empresarios de promover una «guerra económica», y denunció que algunos casos saqueos de comercios que se han ocurrido recientemente en el país responden a un plan desestabilizador que estaría impulsado Estados Unidos y los sectores adversos al gobierno para generar caos. Washington ha rechazado las alegaciones.
La oposición figura por primera vez en 16 años como favorita para ganar las parlamentarias y quitarle al oficialismo el control de la Asamblea Nacional, según señalan las principales encuestas locales.
Aunque el oficialismo cuenta con una poderosa maquinaria para la próxima consulta electoral deberá hacer frente a la pérdida de popularidad que enfrenta el gobierno Maduro.
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