Como una violación al debido proceso y otros derechos civiles calificó el coordinador general de Provea, Rafaél Uzcátegui, el hecho de que un alcalde imponga castigos como barrer las calles y someter al escarnio público a ciudadanos señalados por revender alimentos en el mercado informal.
Afirmó que se trata de un acto regresivo e ilegal que sienta un mal precedente, pues el Ejecutivo no tiene facultad alguna para imponer sanciones penales a nadie.
«Es un acto que viola el debido proceso y el derecho a la justicia, porque ningún alcalde en Venezuela esta facultado para imponer sanciones por la comisión de delitos. Eso es competencia exclusiva de los jueces y tribunales del país», manifestó al ser consultado por El Impulso.
De esta manera el defensor de derechos humanos rechazó lo que viene ocurriendo en Puerto Cabello, estado Carabobo, cuyo alcalde, Rafaél Lacava, ha respondido a los llamados «bachaqueros» obligándolos a vestir una braga anaranjada mientras realizan servicio comunitario, según confesó el propio funcionario en declaraciones ofrecidas el pasado 27 de julio al canal del Estado. A los «infractores» se les amenaza con pasarlos a la orden del Ministerio Público si no obedecen.
Al respecto, Uzcátegui recordó que esto no es nuevo en Venezuela, pues desde la dictadura de Gómez se hacía. Pero ya había sido cuestionado y desterrado como práctica.
«Es muy curioso que se esten retomando este tipo de penas que ya en los gobiernos de la llamada cuarta república se habían aplicado, en el marco de la abolida Ley de Vagos y Maleantes. En ese momento los tribunales del país reaccionaron en contra de estas iniciativas de mandatarios locales y las revirtieron», expresó.
Por otro lado, el activista fue muy claro al alertar sobre las posibles consecuencias de una campaña como esa. Instó a los ciudadanos a no justificar las sanciones, por muy frustrados que esten con la situación de tener que pagar más por los alimentos básicos que son revendidos por los «bachaqueros».
«Si avalamos eso estamos avalando que el día de mañana cualquier alcalde quiera imponer una sanción a quienes contra su juicio esten ejerciendo una protesta «ilegal». Esto es un precedente muy grave y creo que es absolutamente inaceptable», advirtió.
«Ya el propio defensor del pueblo ha reaccionado a la denuncia que generó Provea dándonos la razón, porque esta es una situación absolutamente ilegal, inconstitucional y violatoria de DDHH. Estamos asistiendo a otro episodio de debilitamiento de las instituciones democráticas», sentenció.
El trasfondo
La actividad de los «bachaqueros», ya sea vista como una necesidad o como un delito, no se puede sustraer del contexto general de escases de alimentos que vive el país, en el que el Estado viola abiertamente el derecho a la alimentación de todos los venezolanos por igual.
«La reventa de productos básicos es la consecuencia de un problema, y si la causa de este problema, que es que no hay suficiente comida, no se soluciona, vamos a seguir viendo estas situaciones irregulares», manifestó el coordinador general de Provea.
Ya la organización no gubernamental advirtió en su último informe anual sobre el retroceso acelerado durante el gobierno de Nicolás Maduro, de los logros en la lucha contra la pobreza que había alcanzado Chávez. Para Uzcátegui el panorama es poco alentador, dada la actitud asumida por el gobierno de mantener un manto de oscuridad sobre las cifras de económicas y criminalizar la producción privada, en un país donde el 70% de los alimentos deben ser importados.
Sinamaica: Una voz de alerta
Como otra arista del mismo problema ve el defensor de derechos humanos el contrabando de extracción en grandes cantidades, con el agravante de que esta actividad aparentemente viene siendo practicada por altos funcionarios militares y su investigación soslayada por autoridades civiles.
La reflexión se desprende de los hechos ocurridos el 4 de agosto en Sinamaica, estado Zulia, donde una poblada saqueó cuatro camiones con toneladas de productos básicos, que presuntamente iban a ser contrabandeados hacia Colombia bajo la vista y protección de la Guardia Nacional. Posteriormente, quemaron parte de la alcaldía local.
«Hay mucho cuestionamiento al bachaqueo minorista, sin embargo es el eslabón más débil de la cadena; pero si investigamos, el problema del contrabando de extracción tiene que ver con grandes volúmenes que inevitablemente amerita la complicidad de las autoridades. A este nivel persiste una gran impunidad», manifestó Rafaél Uzcátegui.
Por otro lado, a propósito de Sinamaica, una localidad militarizada desde hace tres meses, el activista indicó que se ha convertido en un nicho de violación de derechos fundamentales en el marco de la pugna entre pobladores (con mayoría de la etnia Wayuu) y los militares.
«Defensores de derechos humanos de esa región reportaron para el año pasado una cifra de 14 personas asesinadas en el contexto de enfrentamientos entre la Guardia Nacional en esta «guerra contra el bachaquero», así como cientos de detenciones arbitrarias», señaló.
Aunque Provea no ha investigado la situación a fondo, se conoce que actualmente quienes sí lo han hecho y denunciado estan siendo amenazados de muerte, según lo reportó la periodista Milagros Socorro.
«Hay presiones y no hay garantías para el trabajo de defensa de derechos humanos en Venezuela», concluyó Uzcátegui.
