Atrás han quedado los tiempos en que el oficialismo podía amenazar a la oposición con aplastarla en las elecciones, hasta volverla “polvo cósmico”.
Las cosas han cambiado, para bien de la sanidad política de Venezuela. El natural desgaste que sufre todo Gobierno, y con más razón cuando hacemos referencia a un Gobierno que entre galácticos y sucesores va para casi las dos décadas, está minando irreparablemente tanto la imagen, interna y externa, como la propia fortaleza de un régimen que luce postrado, sin imaginación, consumido en sus disparates, incapaz de atinar respuestas frente a los acuciantes problemas económicos y sociales, ya a punto de entrar en la fase de ignición.
La receta, que todos estos años les ha funcionado a quienes creen que la patria y sus recursos se hicieron para ellos, por siempre, la están aplicando ahora con una dosis no sólo excesiva, sino también riesgosa, y, a todas luces, contraindicada. Se trata del uso de la fuerza, la amenaza, la implantación del miedo, el secuestro de las instituciones, puestas a violar con absoluto descaro el ordenamiento jurídico y las normas de convivencia, con tal de prolongar el grosero usufructo del poder, ya en términos de asalto y de un pillaje descomunal.
Ocurre que la nación ha desarrollado sus propios anticuerpos. Ya percibe, o adivina, lo caro que nos ha salido la pérdida de oportunidades, mientras países aparentemente más pobres o atrasados del Continente logran salir del foso. El ciudadano más despistado descubre los signos de un estilo de manejar los asuntos públicos que sólo engendra miseria y niega la esperanza de edificar, con el concurso de todos, un mejor y más ancho porvenir. Poco a poco, al precio de desgarrones y dolores acumulados, es recobrada la conciencia. El venezolano común se percata de que un país serio, decente, no se funda sobre las bases del odio, la división, el resentimiento, de espaldas a los principios y valores del trabajo, el estudio, la disciplina, la constancia.
Camino al 6-D, el Gobierno, enterado de lo que opina y chilla la gente en la calle, busca refugio en el CNE, en la Contraloría, en el TSJ. Los pone a validar sus desafueros. De manera que la lucha de la Mesa de la Unidad Democrática no es, cuerpo a cuerpo, con el PSUV y sus aliados, sino con el aparato del Estado entero. El órgano rector electoral tira por la borda lo que resta de su malogrado prestigio, con tal de sembrar la duda, que en términos comiciales redunda en desesperanza, en abstención. Ya dado el pitazo de la contienda, la Contraloría incurre en la aberración de decretar inhabilitaciones políticas al por mayor, sobre la base de cualquier excusa, la más estrafalaria, no importa, con el propósito de sacar del juego a potenciales depositarios del favor popular.
Si se trasgrede la letra de la ley, de la Constitución, para eso están los camaradas del tribunal cuyas sentencias no tienen apelación y hasta pueden darse el lujo de interpretar, según la ocasión, y a gusto del cliente, el texto de la Carta Fundamental.
Pero se han dado reacciones alentadoras. Cuando la socióloga Isabel Pereira no pudo ocupar el espacio dejado en la maqueta de la MUD por la inhabilitada María Corina Machado, sin perder la noción de que existe un objetivo que es superior, ella lo explicó al país con palabras sensatas, que recomponen el aliento, la fe: “No seremos obstáculo para que los venezolanos tengan un cambio”, dijo, sin atizar el conflicto. Otro detalle clave se produjo cuando en Copei surgió una junta directiva “provisional” impuesta por el TSJ, con poder para borrar los candidatos ya escogidos. La condena del país democrático a esa jugarreta nada cristiana fue tal, que no pudieron inscribir una nueva lista. Debieron marginarse del proceso electoral.
El Gobierno persiste en su negativa a tolerar la observancia internacional. Apenas acepta a sus aliados de Unasur. El Centro Carter anuncia, por su lado, que recogerá sus bártulos, y se irá. En ese ínterin, el CNE procede a levantar carpas en complejos de la Misión Vivienda, y en los consejos comunales, para que funcionen allí centros electorales. A esas desesperadas e infelices argucias de última hora no echa mano un Gobierno seguro de su arraigo popular. Sabe que malogró la fe de masas dispuestas a expresarse. Es un compromiso que nos empuja hacia una cita, la del 6-D. Es una posibilidad de transición y promesa que todos podemos hacer real. Hacia allá deben apuntar todos los sueños.
